La Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS), entidad que agrupa a 33 carreras universitarias de periodismo y comunicación de universidades públicas y privadas de todo el país, desea expresar su posición respecto a la medida de política pública que el gobierno nacional definió al declarar a los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia.
Entendemos que, tal como se expresa en los considerandos del DNU 690/20 el derecho humano al acceso a las TIC y a la comunicación por cualquiera de sus plataformas requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables a la totalidad de los y las habitantes de la Nación y que el Estado debe arbitrar los recursos normativos para su efectivo cumplimiento.
En esta línea, consideramos que restituir artículos significativos a la ley 27078/14 referidos al servicio universal y la fijación de precios justos y razonables por parte de los licenciatarios y con regulación de la autoridad de aplicación, se funda en la defensa del interés público y coloca a los servicios TIC en un lugar estratégico para la construcción de ciudadanía y el sostenimiento del sistema democrático, toda vez que el acceso no puede escindirse de las reales condiciones de asequibilidad a los servicios y, tal como se expresa en la información pública proporcionada por el propio Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en las condiciones actuales no está garantizado el piso de conectividad que permita a la ciudadanía acceder a servicios de calidad y a precios justos en todo el territorio nacional.
El escenario actual presenta una profunda brecha entre conectados y desconectados. Los ciudadanos que habitan en los más de 4400 barrios populares y villas del país, los que viven alejados de los grandes centros urbanos o la mayoría de usuarios de telefonía celular que sólo pueden acceder a servicios prepagos, caracterizan una situación de desigualdad e inequidad que requiere ser subsanada. Ante la pandemia, esta necesidad se ha tornado urgencia: no es posible trabajar, estudiar, realizar trámites, informarse, entretenerse o comunicarse con seres queridos desde el ASPO en situación de desconexión. Se requieren políticas de Estado que atiendan esta situación.
La escena es sin embargo compleja. No son sólo los ciudadanos en calidad de usuarios lo que registran el impacto de la pandemia. Entre los proveedores de servicios TIC hay una enorme diversidad y desigualdades marcadas. El sector registra por una parte una fuerte concentración de grandes prestadores, uno de ellos en particular con presencia significativa de mercado, pero por otra parte más de 1200 Pymes y cooperativas que prestan servicios a poco más de un 30 % de la población distribuida en el 70% del territorio nacional. Esto genera asimetrías y necesidades diversas que deberán contemplarse.
Durante los próximos cuatro meses y según se fija en el DNU 690/20 se suspenden aumentos o modificación de precios de los servicios de telefonía fija, móvil, internet y televisión de pago (Cable y Satelital). Entendemos que es una situación de excepción que busca paliar una crisis global sin precedentes y en la que la prioridad es el cuidado de toda la ciudadanía. Ese tiempo entendemos, también ofrece una oportunidad para gestar una regulación inteligente que considere las necesidades y posibilidades de los prestadores, que fije reglas claras que garanticen la prestación de servicios universales, regulares, continuos y de calidad.
Y en ese horizonte esta Federación saluda las medidas de política pública que actualmente se trabajan en sede parlamentaria y que dan continuidad y complemento necesario al DNU 690/20: el proyecto de ley que declara Internet como derecho humano y el proyecto de ley sobre diversidad y pluralismo en los medios de comunicación.
Trabajar en la ampliación de derechos a la comunicación es garantía para el pleno desarrollo de un sistema democrático.