Hitos y desafíos de la TV alternativa, popular y comunitaria
Milestones and challenges of
alternative, popular and community TV
Natalia Vinelli
UBA IEALC
nataliaprensa@yahoo.com.ar
Comunicadora
social, profesora universitaria e investigadora con sede en el IEALC UBA. Es
Doctora en Ciencias Sociales, Magister en Periodismo y Especialista en
Planificación y Gestión de la Actividad Periodística por la FSOC UBA. Fundadora
del canal 32.1 Barricada TV. Autora de ANCLA, Rodolfo Walsh y la Cadena
Informativa (2015, 6ta edición), y La televisión desde abajo. Historia, alternatividad y periodismo de contrainformación
(2014). Desde 2020 Subdirectora de Proyectos
Especiales en Enacom Argentina. El texto es un
fragmento corregido de la tesis doctoral "La televisión alternativa en la
transición digital. Estudio comparado de casos en Argentina y Chile".
Introducción
Partimos de una certeza: Sin el sector alternativo, popular y
comunitario el mapa de la comunicación en la Argentina no está completo. No es
posible comprender la evolución del sistema de medios en el país, ni conocer de
forma acabada los conflictos que se dieron en las últimas décadas en torno a la
regulación; tampoco los debates y disputas alrededor de la desconcentración y
la democratización. A doce años de la sanción de la ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual (LSCA), dejar de lado el lugar y los aportes de los
actores y actrices que practican la comunicación desde lógicas autogestivas, sus estrategias para enfrentar obstáculos y
asegurar su sostenibilidad aun desde una posición subordinada, no supone mero
desconocimiento, sino una línea política que se aleja de la concepción de la
comunicación como derecho.
En el caso de la televisión y desde la investigación
académica, el sector comunitario ofrece al análisis zonas centrales
relacionadas con el impacto de los cambios tecnológicos, su apropiación y usos
por parte de las organizaciones de base, los desafíos alrededor de las
condiciones para el acceso y el funcionamiento dentro del sistema de medios, y
el ejercicio de la libertad de expresión. Las condiciones de posibilidad de la
televisión alternativa, popular y comunitaria en el marco de la migración
digital se amplían o reducen de acuerdo a su capacidad de intervención y
organización. Las barreras de entrada son numerosas, pero las emisoras
desarrollan estrategias para levantarlas; los cambios regulatorios y las
políticas públicas destinadas a los medios no lucrativos también dan cuenta de
las posibilidades de incidencia, la densidad y volumen del sector.
En la actualidad, la televisión alternativa cuenta con
experiencias en abierto relativamente consolidadas, que en la Argentina han
superado la década de funcionamiento estable y que hoy incluso ofrecen opciones
para el desempeño profesional en un mercado laboral concentrado y muy
castigado. Se trata de un sector reconocido legalmente, pero sobre todo
socialmente, aunque sufre postergaciones y desigualdades. Para llegar a este
punto, con todo lo que tiene de potencial, el fenómeno tuvo que hacer un largo
recorrido desde sus inicios en la década de los 80, con sus hitos, avances y
retrocesos, hasta llegar a los primeros concursos para prestadores sin fines de
lucro en la televisión digital. En este artículo vamos a recomponer brevemente
esta potente pero desjerarquizada historia (en los
términos planteados por Sáez Baeza, 2008, y por Gumucio
Dagrón, 2004, entre otros y otras), para hacer foco
después en las posibilidades y dificultades que han transitado (y transitan)
las emisoras en el marco de la transición digital.
Antecedentes y recorridos
Cuando en 2015 la entonces Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (AFSCA, hoy Enacom) otorgó
las primeras licencias a emisoras comunitarias en el marco de concursos
públicos, en un hecho histórico para el campo de la comunicación, la televisión
alternativa ya tenía años de recorrido. Podemos ubicar su origen en la segunda
mitad de la década de los 80, como una segunda ola por encima del estallido de
las radios FM de baja potencia en la primavera democrática, en el marco del
reclamo de democratización de las comunicaciones y de la construcción de
espacios de participación después de los años de la dictadura. Antes podemos
encontrar un antecedente en Radio Liberación TV (RLTV), un sistema de
interferencias al audio de las señales de televisión realizado por la
organización Montoneros en el marco de la segunda contraofensiva contra la
Junta Militar.
En 1987 comenzó a emitir en la provincia de Buenos Aires el
Canal 4 de Alejandro Korn, en el partido de San Vicente. Con la fundación de
esta emisora pionera comenzaron a extenderse televisoras en distintos puntos
del país. En Vinelli (2014) sistematizamos el
recorrido de ese fenómeno a través de los años, en relación con los diferentes
contextos en los que se fueron insertando: políticos, sociales, legales y
tecnológicos. También dimos cuenta de dos etapas: la primera, dominada por la
tecnología analógica y un marco regulatorio que prohibía la comunicación sin
afán de lucro (artículo 45 del decreto ley de Radiodifusión 22.285), se
extendió desde los 80 hasta fines de la década del 90. La segunda, vinculada
con las tecnologías digitales centralmente para el registro, arranca en los
2000. Entre la etapa analógica y la etapa que denominamos de convergencia,
tiene lugar la crisis social, política y económica de 2001.
Los primeros años son de multiplicación de las experiencias,
a partir del desarrollo artesanal de transmisores de televisión analógicos de
bajo costo y bajo alcance. Sin embargo, el sistema televisivo abierto de esa
década en las grandes ciudades no competía con el cable, que aún no era de
consumo masivo; esto hacía que la aparición de una nueva señal en el dial
pudiera ser fácilmente captada por las audiencias. Al canal de Korn le
siguieron los canales 4 de Avellaneda, transmitiendo desde Isla Maciel; 5 de
Lanús, 5 de Moreno, 5 de Castelar y 5 de Tigre, a los que enseguida se sumaron
televisoras en Ciudadela, Morón, Adrogué, Lugano y
otras en las provincias del país. Todas transmitiendo en la banda de frecuencia
VHF (canales del 2 al 13).
En 1989 se fundó en Buenos Aires la Asociación de
Teledifusoras Comunitarias (ATECO), orientada a difundir la actividad y
promover la creación de canales, discutir encuadres legales y elaborar un plan
técnico para reclamar la organización de las frecuencias para fines comunitarios.
Los miembros de esta organización participaban previamente en la Asociación de
Radios Comunitarias ARCO, luego Federación de Radios Comunitarias (Farco). Pero dada la especificidad del soporte y de la
problemática, decidieron reunirse en un organismo que representara los intereses de los canales de
televisión de baja potencia. Como parte de ese proyecto, ATECO destinó un
transmisor para ser compartido en un organigrama de salidas que intercalaba
emisiones itinerantes entre los diferentes barrios del Gran Buenos Aires y la
Capital Federal.
Otro hito importante es la fundación del Canal 4 Utopía, en
1992, año en el que ATECO pasó a denominarse Asociación Argentina de
Teledifusoras Comunitarias (AATECO), para subrayar la extensión nacional del
fenómeno, aunque pocos años después dejó de funcionar y recién reapareció en
2008, como Asociación de Teledifusoras Pyme y Comunitarias. El canal Utopía es
apropiado dentro de una tradición selectiva (Williams, 1994) por muchas de las
emisoras actualmente operativas. Se trató de un canal abierto basado en la
articulación comunitaria, que buscó construir un medio de comunicación
entendido como espacio de intervención político cultural, de resistencia al
gobierno neoliberal de Carlos Menem, y como alternativa popular a los medios
comerciales y públicos.
Utopía transmitió durante siete años, durante los cuales
sufrió 14 allanamientos, numerosas persecuciones y el decomiso de sus equipos.
Esto muestra con claridad las dificultades que emanaban de un marco regulatorio
persecutorio como el del decreto ley 22.285, y su impacto sobre la
sostenibilidad. El último decomiso, en 1999, puso fin a su funcionamiento (Vinelli, 2014: 115 y siguientes). Es decir que pese a los
esfuerzos de AATECO por orientar las acciones hacia la legalización de las
televisoras y de la cantidad de amparos logrados ante la Justicia, el entonces
Comité Federal de Radiodifusión (COMFER, luego AFSCA y actualmente Enacom) siguió sin reconocerlas, desnudado el carácter
discriminatorio y excluyente de las políticas de radiodifusión apoyadas sobre
el decreto ley 22.285.
Esta situación generó un quiebre que se advierte al observar
las emisoras comunitarias en una línea de tiempo: de las operativas en 2021,
ninguna está al aire desde la época inicial. Todas son hijas de la re
emergencia del campo de la alternatividad pos 2001
(período en el que se sitúa el origen de algunos de los proyectos), y en mayor
medida de los debates en torno a la LSCA. Los vínculos entre los momentos
tienen más que ver con la experiencia acumulada que con una continuidad
estricta. Se pueden anotar la relación entre el Canal 4 de San Telmo y la
fundación de Urbana TeVé; la presencia de Ricardo
Leguizamón, constructor de transmisores artesanales que fue parte del canal de
Korn en los 80 y quien luego se vinculó con el canal Antena Negra; y el vínculo
entre Radio Encuentro, al aire desde 1990, y ENTV, su televisora, en Viedma,
provincia de Río Negro.
No obstante, la crisis de 2001 favoreció el desarrollo de un
activismo que tuvo en la comunicación uno de sus frentes de intervención. Lo
interesante es que para esa época, si por un lado las nuevas tecnologías
animaban un proceso de convergencia, por el otro las tecnologías de transmisión
de la televisión todavía estaban limitadas a la banda VHF, detenidas en el
mundo analógico. Las primeras experiencias de televisión pos 2001, articuladas
en torno a la propuesta itinerante de la Televisión Piquetera, se estructuraron
a partir de transmisores analógicos montados por un día, recreando las condiciones para la salida en vivo e
instalando estudios y antenas en los barrios populares en asociación con las
organizaciones piqueteras. Producto de estos intentos se realizaron variadas
experiencias, aunque ninguna continúa operativa en la actualidad.
La ley audiovisual
Luego de un primer llamado a concurso fallido, en 2012
–cuando vencía el plazo para que los grupos de medios presentaran
voluntariamente su plan de adecuación a la LSCA-, la autoridad de aplicación
realizó un acto en Bariloche para la entrega por adjudicación directa de la
primera licencia de televisión para un canal de pueblos originarios: Wallkintun TV, de la comunidad mapuche. Más tarde el
organismo dictó cuatro resoluciones en 2013 y 2014, que otorgaron a 42 emisoras
de baja potencia autorizaciones precarias para transmitir en analógico hasta
tanto se abrieran nuevos concursos y se avanzara en el encendido digital. De
estas 42, ocho se destinaron a televisoras sin fines de lucro: PAREStv, Barricada TV, Urbana TeVé,
Mate Amargo, Canal 4 de Mar de Ajó, Canal 9 Proa Centro (Córdoba), Canal 11
Organización Barrial Tupac Amaru (Jujuy) y ARBIA TV
(Mar del Plata); nueve con Wallkintun. De estas
emisoras, hoy seis se mantienen operativas, tres obtuvieron la licencia a
través de –ahora sí- un concurso público de antecedentes y una la obtuvo por
adjudicación directa, en razón de la reserva específica para medios de pueblos
originarios.
En su libro sobre la experiencia de Barricada TV, Mariano
Suárez (2018) destaca que ante cada autorización, permiso o licencia otorgada
por el Estado tras la sanción de la LSCA, la Asociación de Teledifusoras
Argentinas (ATA) –la cámara que nuclea a los canales comerciales-, actuó
judicializando cualquier avance. Según los expedientes analizados por Suárez,
la línea argumental de la cámara empresaria se centró en la supuesta
“desventaja”, “asimetría”, “desigualdad” y “práctica desleal” que sufrirían sus
representadas por el ingreso de estas 42 emisoras de baja potencia al mercado
de la televisión (Suárez, 2018: 52).
Meses después se abrieron nuevos concursos, entre ellos, en
Viedma y el en el Partido de la Costa. Después de una larga presión, en 2017
ENTV logró que su concurso se substanciara y resultó ganadora de una licencia
en la categoría licenciatario operador en Viedma, la capital rionegrina. Con
esto se sumó a la pequeña lista de emisoras legalizadas. Pero el concurso de
Mar de Ajó, aprobado en la que fuera la última reunión de directorio de la
AFSCA durante la gestión de Martín Sabbatella, fue
levantado con el cambio de gobierno, y a la fecha (julio de 2021) no se ha
vuelto a abrir. Tampoco hubo concursos en Cura Brochero
(Córdoba) o Guaymallén (Mendoza), pese a que sus
televisoras comunitarias están al aire desde hace más de una década, demandando
la legalización.
Paralelamente, el canal Antena Negra, que emitía desde Parque
Centenario, en el centro porteño, sufrió en 2015 un allanamiento y el decomiso
de sus equipos. En el Informe Derechos
Humanos en la Argentina 2016, el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) sostiene: “En la Argentina no se practicaban decomisos de equipos de
transmisión a medios alternativos o comunitarios, al menos, desde 10 años
antes, cuando en 2004 la CSJN declaró la inconstitucionalidad del artículo 45”
del decreto ley 22.285 (CELS, 2016). El de Antena Negra fue el primer decomiso
después de la aprobación de la LSCA, por denuncia de la empresa de seguridad
privada Prosegur que, utilizando la misma señal y sin licencia, denunció a la
emisora por interferencias a sus redes de comunicación.
El escenario se complejizó con la asunción de Mauricio Macri en la presidencia de la Nación. Una nueva amenaza de
decomiso y la judicialización en el fuero penal de sus integrantes obligaron a
Antena Negra a salir nuevamente del aire. El DNU 267 dictado por Macri a poco de asumir derogó algunos de los artículos de
la LSCA y de la ley Argentina Digital, eliminó la AFSCA y la AFTIC y creó un
nuevo regulador dependiente del poder Ejecutivo, cambiando las reglas del juego
que se habían venido construyendo en los años de aprobación y aplicación
–parcial- de la ley audiovisual. En tanto que PAREStv
y Barricada TV, junto con las redes de medios comunitarios, debieron movilizar
hasta lograr la habilitación de sus plantas transmisoras, y después contra las
interferencias provocadas por El Trece, del Grupo Clarín, y en reclamo de la
inserción de sus canales en la grilla del cable de manera gratuita dentro del
área de cobertura, según lo establecido por la norma.[2]
En este contexto, los canales se reunieron en la fundación de
la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA), integrando InterRedes, una red que durante el macrismo
reunió a las diversas redes de medios comunitarios del país. Este espacio llevó
adelante la pelea por la defensa de las conquistas alcanzadas, contra la
censura de Tele Red Imagen SA (Grupo Clarín) contra PAREStv
(ver en Suárez, 2021); por la apertura de concursos y la exigencia del
mantenimiento de las políticas de fomento, entre otros reclamos que dan cuenta
de los numerosos obstáculos que se interponen una y otra vez para trabar o
dificultar el funcionamiento de los medios comunitarios dentro del sistema
comunicacional, y de las estrategias desarrolladas superarlos.[3]
Alzar las barreras
En el documento Estándares
de libertad de expresión para la transición a una televisión digital abierta,
diversa, plural e inclusiva, publicado en 2015 sobre la base del informe
2014, la Relatoría de la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH da cuenta de
las barreras de entrada que operan para impedir el ingreso de nuevos actores al
sistema de medios de sus respectivos países, llamando a los Estados a adoptar
medidas destinadas al fomento de la pluralidad y la diversidad. Entre ellas, se
destaca la regulación de la concentración en la propiedad y control de los
medios de comunicación, reconociendo en la apertura a nuevas emisoras
comerciales y comunitarias, y en el fortalecimiento de las públicas,
el esfuerzo principal para promover la mayor
diversidad de informaciones y opiniones en el sistema de medios audiovisuales.
Sin embargo, para garantizar un entorno plural y diverso, habilitar la entrada
de nuevos operadores no será suficiente si no se adoptan medidas que limiten y
disminuyan la concentración de la propiedad de los medios en los países donde
existan niveles elevados de concentración. (RELE, 2015: 29)
Las regulaciones adoptadas en varios países latinoamericanos
tras el cambio de milenio surgieron en ese escenario de “reconfiguración del
modo de intervención estatal en el espacio público” (Becerra & Mastrini, 2017: 63), y tuvieron en común –justamente- la
preocupación por la concentración como “eje central”, el acceso de actores sin
fines de lucro a licencias de radio y televisión y las exigencias de producción
de contenidos nacionales (p. 64). Pero, contradictoriamente, esos mismos tres
lustros de debates y definición de normativas de carácter democratizador
coincidieron con la profundización de la concentración,[4] destacando que el
proceso de convergencia potenció la tendencia conglomeral
y oligopólica de medios e industrias que exhiben “niveles de concentración
incompatibles con el objetivo de promoción de la diversidad” (p. 191).
En otras palabras: los niveles de dominio de pocas empresas
en el sistema de medios y de telecomunicaciones en América Latina son la
primera barrera de entrada para las emisoras alternativas y comunitarias. Pocas
empresas de posición dominante concentran verticalmente propiedad, producción
de contenidos, infraestructura, ingresos, poder y audiencias; se expanden hacia
otras actividades donde conservan la misma posición dominante y son capaces de
adelantarse y moldear gustos y pautas de consumo. Las legislaciones buscaron
poner topes a esa concentración, pero se enfrentaron con poderosos enemigos
externos e internos. El intento de las normativas de habilitar el ingreso de
nuevos actores al espectro radioeléctrico se encontró también con aplicaciones
excesivamente lentas y parciales.
La existencia de pocas emisoras de televisión comunitaria
digital en América Latina muestra que, a pesar de los avances normativos y de
los retrocesos, los desiguales puntos de partida y las barreras de entrada
operan contra la diversidad de emisores, de fuentes, de perspectivas, de
información, e imposibilitan que las audiencias se encuentren con opciones
diferentes a las formateadas por los fines comerciales. Las condiciones de
posibilidad para el sector (y para que la transición a digital sea exitosa)
implican por lo tanto la batalla contra la concentración de la comunicación,
recuperando este tema en la agenda pública y devolviendo al Estado su capacidad
de regulación y de ejercer soberanía comunicacional.
El marco legal (hoy la LSCA con artículos medulares
derogados), y el llamado a concursos públicos destinados al sector; las políticas
públicas de fomento; la asignación de pauta oficial; la extensión de la
televisión digital en los hogares y la base social movilizada son elementos que
amplían o disminuyen esas condiciones. Las políticas fomento, por ejemplo, son
fundamentales para que los costos fijos de la televisión digital no signifiquen
una limitante imposible de sortear para los movimientos sociales y colectivos
lanzados a construir sus propios medios, cuya posición de partida es desigual
respecto de los actores de mayor envergadura. Pero deben ser sostenidas en el
tiempo. Del mismo modo, la pauta oficial exige un tratamiento democrático y
transparente, que siga criterios federales y de inserción de los medios en sus
comunidades.
En el Cono Sur, la realidad demuestra bastante disparidad en
la extensión de la televisión digital comunitaria, aun teniendo en cuenta la
lenta transición a la televisión digital terrestre, y su desfinanciación
como marco general. Uruguay, que posee la ley de radiodifusión comunitaria más
antigua de la región, presenta la adjudicación de una sola licencia para el
canal digital del PIT-CNT. La concesión fue obtenida mediante concurso público
en 2013 para operar en Montevideo, pero su lanzamiento recién se hizo realidad
en 2016 y sólo logró poner la señal en el aire durante un día. En Chile
transmite en digital Señal 3 La Victoria, y recientemente lo hacen Challa TV, Únetev y Pichilemu TV, con
diferentes grados de avance.
En la Argentina emiten regularmente en televisión digital
abierta PAREStv, Barricada TV, ENTV, Giramundo, Proa Centro, Comarca SI y TV Sindical. Urbana
Tevé, concursado, está en proceso de digitalización. También se encuentra en
ese proceso Canal 4 de Mar de Ajó. Segura, Linares, Longo, Vinelli,
Espada, Traversaro & Hidalgo (2021) encontraron
que de las experiencias de radio y televisión argentinas que estaban operativas
a octubre de 2018, la mayoría eran radios FM, y sólo el 3,7 por ciento son
televisoras. Aunque escaso en comparación con las expectativas generadas por el
estatuto alcanzado por el sector en el sistema interamericano, el
reconocimiento logrado en las normas sancionadas y el debate social generado,
estas experiencias lograron desarrollarse y consolidarse en un contexto
demasiadas veces expulsivo.
Un trato discriminatorio
Como venimos señalando, el mapa de medios, y dentro de éste
la televisión que en nuestro país cumple 70 años, está basado en una lógica
fuertemente privada comercial, concentrada y centralizada en Buenos Aires,
dejando poco espacio para las opciones y la pluralidad. Pero esto no significa
que la televisión comunitaria no exista, sino que lo hace pese a todo. Según la
auditoria BB BOOK 2018, la
penetración de la televisión de pago o por suscripción en América Latina creció
casi un 2 por ciento interanual en comparación con 2016. Esto se traduce en
89,45 millones de hogares con TV paga, lo que representa una penetración del 51
por ciento a nivel regional. Argentina es el país con mayor penetración de TV
de pago en América Latina en 2018, con más de 11 millones de hogares
suscriptos, lo que representa un alcance del 78 por ciento (Business Buro,
2018). Con una llegada de la televisión abierta del 22 por ciento, las reglas
de must carry son
clave para que actores y actrices diversas puedan encontrarse con sus audiencias,
y para hacer efectivo el derecho a la libertad de expresión.
Las empresas cableoperadoras
originalmente se encontraban bajo la aplicación de la LSCA, pero el DNU
267/2015 las traspasó al ámbito de la Ley Argentina Digital 27.078, al dejar de
considerarlas servicios de comunicación audiovisual para redefinirlas como
Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Servicios de
TIC). La LSCA incluía en su artículo 65 la obligación de incluir en la grilla
las señales de los servicios de televisión abierta de origen cuya área de
cobertura coincidiera con su área de prestación de servicio. Esta obligación
persistió pese al cambio normativo, primero a través del dictado de las
resoluciones 1394/2016 (artículo 12) y 5160/2017 (artículo 1ro.), y después
–con el nuevo cambio de gestión-, con la resolución 1491/2020, que ordenó la
adecuación de la grilla de señales de la televisión por suscripción. Sin
embargo, las televisoras comunitarias, al cierre de estas líneas, siguen sin
ser levantadas, a excepción del caso de Telered con PAREStv. A 12 años de la sanción de la ley audiovisual,
sólo la televisora de Luján pudo ingresar a la grilla de una cableoperadora local.[5]
Es decir que los canales comunitarios con licencia y
habilitación en televisión digital abierta enfrentan un trato discriminatorio y
múltiples incumplimientos por parte de las compañías de cable, obligándolas a
recurrir a la vía judicial para hacer valer sus derechos, ante la inacción del
regulador. La pelea judicial que tuvieron que llevar adelante otras emisoras en
abierto con anterioridad, como la señal universitaria C24 en Córdoba y el canal
Ciudad Televisión de Resistencia, Chaco, para ser incluidos en la grillas tras
sendos pronunciamientos a favor de la Justicia, son retomadas en la
presentación judicial realizada por el canal Barricada TV, cuyo caso todavía se
encuentra pendiente de resolución.
El recorrido de la televisión alternativa, en el marco más
general de la historia de la televisión en el país, muestra que para el sector
social comunitario cada paso se encuentra con un obstáculo: los estándares
internacionales, así como el reconocimiento normativo obtenido por el sector,
no funcionan como una terapia social para corregir desigualdades y resolver
automáticamente la democratización. Ni las legislaciones, ni las tecnologías,
pueden soslayar los efectos de las relaciones de producción en el cuerpo social
(Mattelart & Piemme,
1981: 70). Esto no significa que carecen de importancia; al contrario, son
resultado de una larga pelea por la incidencia, y una importante reivindicación
democrática conquistada; a la vez, constituyen un punto de partida para asumir,
desde la organización de los medios comunitarios, el tamaño de la pelea por la
disputa de un espacio en el marco de un sistema de medios concentrado, dominado
por pocos conglomerados en expansión.
Televisión digital: Desafíos para el sector
alternativo, popular y comunitario
Como en la mayoría de los países de Sudamérica, la norma
técnica elegida en la Argentina para la televisión digital terrestre (TDT) fue
la japonesa modificada por Brasil ISBD-T. Esta renovación tecnológica implica
mayor disponibilidad del ancho de banda, y por lo tanto un uso más eficiente y
distributivo del espectro radioeléctrico. Un canal radioeléctrico o multiplex
tiene capacidad para cuatro o cinco canales digitales ahí donde había espacio
para uno:
Este beneficio puede usarse de diversas maneras.
Por ejemplo, aumentando la calidad de la señal de las televisoras actuales
(pasando a emitir en alta definición o HD146), o transmitiendo más señales
digitales en el mismo canal o frecuencia, donde antes solamente se podía emitir
una única señal analógica, o una combinación de ambas posibilidades. Ello no
depende solo de la tecnología, sino de las decisiones regulatorias que los
Estados deben considerar respecto al uso de cada nuevo canal o “multiplex” en
el nuevo formato de televisión digital. (RELE, 2015: 52)
Esta renovación de la base material se dio en paralelo a los
cambios normativos que citamos en apartados anteriores; por eso, la RELE
entendió la transición como una “oportunidad histórica para lograr el objetivo
de una mayor diversidad de medios” (2015: 12). La televisión digital puede ser
una oportunidad si ofrece una grilla de señales variada, si apuesta a la
ampliación de prestadores a través de la apertura de concursos reclamados por
la propia comunidad, y si logra instalarse entre las audiencias como parte de
su menú de información y entretenimiento. Pero, como señalamos, la migración
llegó en el contexto de la convergencia y de la profundización de la
concentración de medios e industrias culturales en América Latina,
entorpeciendo el desarrollo sostenible de competidores más chicos y
dificultando el ingreso de nuevos actores al ecosistema mediático.
Industrias, gobiernos y radiodifusores se disputan el uso del
espectro, en un marco de crisis del modelo de negocios de la televisión en
particular, y de los medios de comunicación tradicionales en general. A esto
hay que sumar como agravantes los años de desfinanciamiento de la televisión
digital abierta, los escasos a nulos concursos y la penetración masiva de la
televisión de pago. Esto hace que la multiplicación de posibilidades que abre
la liberación de espectro sigan resultando huidizas
para la periferia del sistema de medios, el sector menos poderoso y más
desigualmente ubicado en el mapa de la comunicación. La incorporación de
tecnologías está condicionada por la sostenibilidad de las televisoras, que a
su vez está determinada por el lugar que éstas ocupan en el sistema
audiovisual. Es decir que se realiza en un marco de asimetrías pre existentes y
en un sistema de medios marcado por la concentración y la exclusión (Monje
& Rivero, 2018a: 49).
En nuestro país, la política pública se orientó inicialmente
a los sectores más vulnerables, a partir de la introducción de esta tecnología
en los hogares comenzando por el reparto gratuito de decodificadores para
jubilados y jubiladas de haberes mínimos, y para beneficiarios y beneficiarias
de planes sociales, durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner. Sin
embargo el camino es más largo y sinuoso, ya que la tecnología no está menos atravesada
por las contradicciones de clase “que la pintura, el cine o el teatro” (Mattelart & Piemme, 1981:
72). Conocer la tecnología, comprender de qué se trata el apagón analógico,
tener acceso a decodificadores que permitan captar la señal de la TDT, y el
ensamble de aparatos de televisión que los incorporen va de la mano de la
difusión, de la pedagogía del consumo y del financiamiento y puesta en valor
del sistema de la televisión digital terrestre.[6]
En síntesis: Tanto los cambios tecnológicos como los cambios
normativos modificaron el panorama de los medios alternativos, populares y
comunitarios. Por primera vez en Argentina se abrieron concursos para
televisión sin fines de lucro. Como resultado y con todas las limitaciones
expresadas hasta acá, las emisoras alternativas, populares y comunitarias,
partiendo desde una posición subordinada e invisibilizada
en el sistema de la comunicación, lograron constituir una opción abierta y
gratuita en la grilla digital, constituyendo un hito en la historia de los
medios.
El hecho de que la propia LSCA establezca un fondo de fomento
para el sector (artículo 97 inciso f, aún vigente), cuyos beneficiarios
excluyentes son los medios comunitarios, de pueblos originarios y de frontera,
es un diferencial respecto de otros marcos normativos de la región. Esto
permite advertir que la política pública es uno de los elementos necesarios
para que la asimetría en el punto de partida no obture las posibilidades de
migración a digital de las emisoras históricamente menos favorecidas; y su
mantenimiento y defensa es clave en el marco de un proceso que exige una
renovación radical de todo el equipamiento, y que compromete la puesta en
pantalla y la arquitectura televisiva como totalidad.
En Vinelli (2019) encontramos que
las políticas públicas de reconocimiento y apoyo al sector, la
profesionalización de la gestión, la apropiación y transferencia tecnológica,
la acción coordinada entre las televisoras, su historia y organización en
espacios más amplios, la inserción social y la movilización para garantizar los
derechos son los pilares que permiten acortar el camino hacia la tecnología
digital. Pero también advertimos que, aunque la transición en algunos casos se
logre, esto no significa o no implica necesariamente que la televisión
alternativa actúe como contrapeso en el mapa de medios de sus respectivos
países, ni garantiza el funcionamiento de las emisoras ni su encuentro con las
audiencias. La digitalización es un paso, y no un lugar de llegada: el éxito o
fracaso de la tecnología no depende de sí misma sino del modelado social que la
recibe.
En conclusión: Sin medios comunitarios no hay
democracia
La migración a digital de la televisión alternativa se da a
la par de la migración de todo el sistema televisivo. En el plano de la
tecnología, esto por un lado genera desafíos así como por el otro impone
limitaciones. Los desafíos están en el orden de la apropiación tecnológica,
porque los canales de alta, media y baja potencia enfrentan problemas similares
en el manejo del equipamiento (aunque su resolución es desigual), y el armado
de las líneas de transmisión y control son semejantes desde el punto de vista
del tipo de equipamiento necesario. El resultado en la pantalla, en lo que hace
a la alta definición, es el mismo. Por eso la preocupación de PAREStv, que en entrevistas concedidas sostiene la
importancia de “no desentonar” estéticamente en el paisaje que componen las
señales en la grilla de la televisión digital abierta.
Las limitaciones tienen que ver con el estado de avance de la
migración de todo el sistema, con el encendido digital y las disputas por el
uso del espectro; y consecuentemente con el encuentro entre esta tecnología y
las audiencias. En Argentina el 82 por ciento del territorio nacional está
cubierto por la plataforma de Arsat, aunque el
desfinanciamiento producido durante la presidencia de Macri
afectó su continuidad y empobreció la grilla, haciendo menos atractiva su
oferta. Además se abrieron muy pocos concursos. En este marco, si la televisión
digital no logra imponerse, la legalización de la televisión digital
alternativa puede terminar funcionando como compensación: las primeras
licencias fueron históricas en términos de saldo de una deuda de décadas con el
sector, pero se otorgaron en el marco de una renovación tecnológica rezagada, y
por lo tanto su posibilidad de funcionamiento queda acotada al grado de penetración
de la tecnología en general, una variable que excede a las emisoras y las sigue
manteniendo en los márgenes del sistema de medios, lejos de cumplir con un rol
de contrapeso. De esta manera, se sigue manteniendo la asimetría que los
actores del sector alternativo, popular y comunitario enfrentan históricamente.
Esto nos lleva a recuperar el debate acerca de las
tecnologías, poniendo en cuestión el optimismo tecnológico que encuentra en
ellas la llave de la democratización. El cambio de tecnologías no resuelve el
problema de la concentración ni garantiza la diversidad si no se cambia el
paradigma de la comunicación.
Una de las consignas que el movimiento alternativo y
comunitario en la Argentina ha venido difundiendo en los últimos años sostiene
que “sin medios comunitarios no hay democracia”. La consigna refiere al impacto
de la concentración sobre la expansión de las ideas, la palabra, las visiones
de mundo que circulan socialmente, y a la tarea que la comunicación no
lucrativa tiene en ese escenario. Frente a esta realidad, los medios
alternativos, populares y comunitarios vehiculizan otras voces, consultan otras
fuentes, ponen en debate cosmovisiones antagónicas a las expresadas a través
del paradigma que asocia la comunicación a las ganancias. Es decir, son
vehículos para la libertad de expresión y ofrecen a las audiencias una vía para
ejercer su derecho a la comunicación. En este sentido lo que el movimiento
logró hasta acá es muy importante, y configura un nuevo punto de partida
después de décadas de exclusión legal. Pero requiere actuar de manera
colectiva, permanecer en guardia, articular con otros espacios para crecer en
escala, diversificar riesgos y profundizar la llegada.
La televisión alternativa conquistó algunas posiciones y
construyó logros, superando barreras a cada paso. Las experiencias, que
iniciaron sus trayectos desde posiciones de precariedad tecnológica y gestión
artesanal, lograron avanzar hacia niveles de mayor profesionalización y
experticia, organizando estructuras de trabajo capaces de sostener otra agenda
en la pantalla y madurando proyectos comunicacionales consistentes una vez
disipados los obstáculos legales y técnicos de base (Suárez, 2018: 124). Esto
permitió en algunos casos desandar el camino de la digitalización, al punto de
sumar propuestas alternativas al paisaje de la televisión digital terrestre.
El análisis de la evolución del mapa mediático –atravesado
por regulaciones, tecnologías, conflictos y resistencias- queda entonces
inconcluso sin el aporte de estas experiencias, que desde el subsuelo del
sistema de medios luchan cotidianamente por mantener alternativas en el
espectro radioeléctrico. En estos terrenos arrebatados a la hegemonía se amasa
una nueva disputa por la masividad, por ampliar el universo informativo y de
sentidos presentes en la uniforme grilla televisiva. Sigue lo más complejo:
sostenerse, crecer, multiplicar y superar las finalmente acotadas perspectivas
abiertas con la migración digital, levantando las barreras que impiden el
encuentro con las audiencias para cumplir con los objetivos políticos y
comunicacionales fijados por las emisoras cuando, hace ya años, comenzaron a
soñar con disputar un lugar en el terreno comunicacional.
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