Televisión cooperativa y comunitaria
en Argentina:
la invención subalterna[1]
Daniela Monje
Universidad Nacional de Córdoba y
Universidad Nacional de Villa María.
Introducción
Durante la década del ´70, cuando el acceso a más de un canal de
televisión por aire era un lujo que sólo disfrutaban algunos ciudadanos
argentinos residentes en grandes centros urbanos, los cooperativistas del
llamado “interior del interior” produjeron una innovación: con astucia singular
lograron replicar mediante sistemas de cableado artesanal o utilizando el
sistema UHF señales de TV generadas a cientos de kilómetros.
Uno de los referentes jurídicos más importantes para el sector en el país
lo expresa con elocuencia:
“El movimiento
cooperativo y mutual, en su búsqueda de dignidad para las personas y sobre la
base del esfuerzo propio (…) se
constituyó en un polo
valioso de empuje para encarar y superar con obras, las profundas asimetrías en desarrollo de infraestructura que
padecían distintos lugares (…) Así
nacieron las llamadas antenas comunitarias en gran parte del territorio
nacional. Estas, ya sea por aire mediante señales emitidas por la banda de UHF y su señal bajada a cada usuario o a través del sistema de cable coaxial lograron
potenciar el servicio de televisión. El avance fue tal que, en determinado
momento la oferta de canales de televisión que brindó el cooperativismo en
algunas poblaciones pequeñas era muy superior al que se brindaba en grandes
ciudades” (Rodríguez Villafañe, 2018: 177)
El impulso pionero aconteció -al igual que la radio- con anterioridad a
una ley que pudiera regular de modo adecuado su funcionamiento y que
garantizara su consolidación en vistas del acceso a contenidos audiovisuales
que podía promover en las ciudades y pueblos del interior del país. Al vacío
legal sucedió la prohibición gestada en el marco de la ley 22285 sancionada en
1980 en plena dictadura, que dejó fuera de juego a cualquier licenciatario que
no tuviese fin de lucro. Pero los
actores subalternos saben de escamoteos y han aprendido a moverse en
territorios hostiles para sobrevivir: así fue que durante la década del ´80
muchas cooperativas optaron por la simulación: en tanto el artículo 45 de la
citada ley impedía la titularidad de servicios a los actores no lucrativos, el
cooperativismo, el mutualismo y demás organizaciones de la sociedad civil
comenzaron a formar sociedades comerciales
bajo la figura de Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) o
Sociedades Anónimas (SA) o a usar personas físicas como dueños ficticios. “Aun
así, el trasvestismo jurídico al que se tuvieron que someter era un verdadero insulto
(…) obligaba a correr el riesgo de
desnaturalizar la esencia que las justificaba” (Rodríguez Villafañe, 2018: 191).
Esta situación, que se extendió por cerca de 30 años, -primero con una
habilitación parcial en 2005 operada mediante reforma al artículo 45 y en 2009
con el pleno reconocimiento de la ley 26522 de Servicios de Comunicación
Audiovisual- demanda a la luz del presente, un análisis sobre cómo tuvo lugar
desde el retorno de la democracia y hasta el presente, la existencia de estas
televisoras formalmente “prohibidas”.
Con aires de las
sierras: un proyecto de investigación gestado desde el interior
En el año 2017, nuestro equipo de investigación en la Universidad
Nacional de Córdoba[2],
fue seleccionado en una convocatoria del Programa Cooperativismo y Economía
Social en la Universidad, impulsado por la Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU) del entonces Ministerio de Deportes y Educación de la
Nación. El proyecto se denominó “Fortalecimiento del sector audiovisual
cooperativo frente a la convergencia” y buscó inicialmente generar un
diagnóstico del sector cooperativo audiovisual argentino en una clave poco
usual para el sector: la economía política de la comunicación.
Los resultados de esta investigación, que coordinamos junto a Ezequiel
Rivero, fueron publicados en 2018 en el libro “Televisión Cooperativa y
Comunitaria. Diagnóstico, análisis y estrategias para el sector no lucrativo en
el contexto convergente”.
Este trabajo fue planteado como un aporte al fortalecimiento de actores
del sector audiovisual no lucrativo de Argentina y se propuso realizar un
diagnóstico de situación, identificar recursos, dificultades y estrategias de
desarrollo, construir un mapa y formular propuestas para el sector audiovisual
no lucrativo a la manera de un Libro Blanco[3].
La tarea de diagnóstico consistió en la realización de 30 entrevistas
semiestructuradas en profundidad a directores, coordinadores o responsables de
las emisoras. Integraron el corpus de análisis 24 canales cooperativos y seis
canales comunitarios. Sobre el final del trabajo -que es de acceso libre- se
encuentran las fichas técnicas con los datos completos de las emisoras y
productoras relevadas para el estudio. La muestra de casos se elaboró
considerando numerosas variables, entre ellas el tamaño del mercado local de
referencia y el volumen de producción propia de contenidos. Asimismo, se
consideró un criterio de distribución geográfica ya que la mayor parte de las
televisoras cooperativas entrevistadas están ubicadas en las provincias de
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde, por razones históricas el
cooperativismo tiene mayor desarrollo. En el caso de los canales comunitarios,
se incluyeron seis nucleados en la Coordinadora Nacional de Televisoras
Alternativas (CONTA). La herramienta de recolección utilizada comprendió las
siguientes dimensiones: origen y caracterización general de las señales; origen
de los contenidos; características generales de los anunciantes; estructura de
costos y empleo; financiamiento y nivel de facturación; iniciativas frente a la
convergencia. A su vez, el trabajo se valió de otras fuentes tales como
investigaciones previas, regulaciones de distinta jerarquía con impacto en el
sector audiovisual cooperativo y comunitario, y fuentes secundarias como
entrevistas y materiales publicados en la prensa.
Entre nuestros supuestos de partida decidimos abordar a las televisoras
que integran el sector no lucrativo desde los modos de producción y circulación
que tienen lugar en el marco de la llamada Economía Social y Solidaria (ESS)
los cuales no son exclusivamente económicos en su naturaleza y movilizan
recursos culturales y sociales en tal forma que impiden la reducción del valor
social a un precio de mercado. Abordamos por tanto un heterogéneo grupo de
actores, cooperativos, comunitarios, alternativos, muchas veces ligados a
movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil. Si indagamos al
interior del denominado “tercer sector”, encontramos que aquellos actores que
han logrado mayores posibilidades de competir y disputar espacios al mercado se
agrupan en torno al sector cooperativo, el cual reúne estaciones de radio,
cooperativas de TV y video, de telefonía y servicios de intercomunicación. En
Argentina, estos actores no suelen analizarse en términos macroeconómicos. Las
referencias más próximas en este sentido indican que los actores no lucrativos
unidos al sector PyME no superan el 18% como oferentes de mercado en áreas de
telecomunicaciones y audiovisual (Becerra, 2017).
Por otra parte, el estudio partió desde una categoría conjetural
elaborada por nuestro equipo desde la cual propusimos pensar a los actores
info-comunicacionales subalternizados en términos de una convergencia periférica. Este concepto permitió reflexionar acerca
del modo en que actores subalternos —es decir vinculados a una relación de
poder asimétrica—, ejercen disputas por la hegemonía. Habilitó además el
análisis de una amplia gama de actores que crecen desde los márgenes, que
proponen otros modos de hacer y de subsistir, instituyen agendas alternativas y
realizan trabajos comunitarios esenciales para el desarrollo de un sistema
democrático. El concepto de convergencia periférica también necesitó vincularse
al de regulación asimétrica, que es un reclamo sostenido enunciado desde el sector
PyME, cooperativo y no lucrativo en su conjunto. La noción de convergencia
periférica, supone que cualquier proceso de introducción de innovaciones define
centros y periferias, y que esto ocurre sobre la base de asimetrías
preexistentes, por lo que la intervención de la política pública debe tomar
nota de la desigualdad y generar acciones orientadas a garantizar la
supervivencia de actores diversos en un sistema que naturalmente tiende a la
concentración y la exclusión. En suma, la convergencia periférica tiene lugar
en un territorio de heterogeneidad y desigualdades, sobre el cual el Estado ha
reparado escasamente, y donde, de no mediar políticas activas, el mercado
produce una segregación en favor de los actores de mayor porte.
Con los ojos bien abiertos:
líneas de indagación y principales hallazgos
Analizar las televisoras del sector cooperativo y comunitario requirió
inicialmente establecer algunos aspectos generales tales como historia,
estatuto legal e infraestructura y luego avanzar hacia cuestiones específicas
relativas a la casuística relevada que se organizaron en torno a diferentes
claves de lectura tales como origen y caracterización de las señales, formas de
sustentabilidad, financiamiento, programación y construcción de agendas locales.
Avanzamos con el trabajo desde el equipo e invitamos a colegas de otras
universidades argentinas a escribir algunos capítulos.
Los resultados alcanzados constituyen un antecedente para un sector que
hasta esa fecha, no había sido leído ni por el Estado ni por investigadores del
sector público o privado a partir de la economía política de la comunicación.
En lo relativo a la historia de las televisoras cooperativas
identificamos 3 momentos: desde fines de los ´60[4] hasta la década del ´80 se
encuentran las señales de aire impulsadas por las cooperativas de obras y
servicios públicos de una localidad específica y que se vinculan estrictamente
a una demanda de la comunidad de referencia respecto de la posibilidad de tener
medios de comunicación en los que su realidad cotidiana pudiese ser construida
y difundida. Luego, entre las décadas del ´80 y el `90 la mayor parte de estas
señales migra al cable y siguen subsistiendo bajo la figura de sociedades
comerciales en relación a las prohibiciones fijadas por la ley de radiodifusión
22.285.
En un segundo momento encontramos las señales locales que fueron creadas
a principios del siglo XXI y que si bien se vinculan más claramente al primer
grupo en relación a sus objetivos sociales y modos de financiamiento tienen la particularidad
de surgir en un contexto político diferente en el que tuvieron lugar nuevas
disputas por derechos. No son las pioneras del movimiento, pero llegan en un
momento donde el sector cooperativo avanza en disputas públicas por sus
derechos junto a otros actores sociales. 3. En tercer lugar se encuentran
aquellas señales locales de cable analógico y/o digital alumbradas en el marco
de la Ley 26.522/09, las primeras en su tipo por cuanto se crean de pleno
derecho para el sector no lucrativo, como señales cooperativas o comunitarias
según los casos. Estas señales nacen en contexto de convergencia aun cuando la
ley no lo define de ese modo inicialmente y, por lo tanto, su proyección hacia
la digitalización y los nuevos formatos es una plataforma ineludible.
Para el caso de la televisión alternativa (Vinelli, 2014) se registran escasos antecedentes. “El
primero y más avanzado fue Radio Liberación TV (RLTV) un medio de agitación y
propaganda con objetivo militar era interferir las señales televisivas con proclamas
e informaciones, en el marco de las contraofensivas montoneras de 1979 y 1980”
(2014: 73) Con el retorno de la democracia se ensayarán las primeras
experiencias televisivas asociadas a los movimientos de los radialistas
populares, comunitarios y alternativos. Durante los 80 se multiplicaron la
emisoras radiales bautizadas por los medios comerciales como ”truchas” que transmitían si poder acceder a licencias
legales. En ese contexto surgirá en 1987 la experiencia del Canal 4 de
Alejandro Korn, en el partido bonaerense de San Vicente, la primera televisora
comunitaria, estable de aire del país. (2014: 81)
Con relación al marco normativo que regula la actividad de los actores
del sector lucrativo se pueden indicar también distintos momentos en la historia.
Tal como señala Elíades desde 1953, la ley 14.241 definió “el sistema
privado de explotación de las emisoras (…) pero coexistiendo con un servicio
oficial, por lo que el sistema de aquellos años, tenía características muy peculiares, desconocidas en
otras partes del mundo” (2003:41)
Agrega:
El golpe de
Estado del 16 de septiembre de 1955 que derrocó al gobierno de Juan Domingo
Perón impuso la caducidad del sistema. Una de las primeras medidas tomadas por
el gobierno de facto, presidido por el general Eduardo Lonardi, fue el decreto
170/5529, que por su artículo 1º anulaba por "ilegales" los decretos
de adjudicación con la obvia intención de controlar a los medios y utilizarlos
de acuerdo a sus conveniencias (…) El decreto ley 15.460/5735 conocido como Ley Nacional de
Radiodifusión y Televisión, durante el gobierno de facto de Pedro
Eugenio Aramburu, declaró de interés público el Servicio de radiodifusión y
televisión, estableciendo que podría ser "realizado por el Estado o por
particulares, mediante su adjudicación por concurso". En este sentido dio
carácter definitivo al sistema mixto: explotación simultánea de bandas y
canales de frecuencia por parte del Estado y los permisionarios particulares”
(2003: 42-3)
Este fue el inicio de la televisión privada en Argentina, pero asimismo y
aunque no se nombró explícitamente como tal fue el modo en que hicieron su
aparición otras televisoras del interior del país gestadas desde el
cooperativismo. Entre 1959 y 1970 se crearon los primeros canales de televisión
que fueron explotados bajo la figura de licencias o autorizaciones por
empresas, universidades, municipios y cooperativas. Durante este período y
debido a que muchas de las estaciones del interior actuaban como repetidoras de
los canales de la programación que se emitía desde Buenos Aires, se modificó la
ley del ´57 a fin lograr mayores áreas de cobertura. Esta fue una ventana de
oportunidad para el desarrollo de las señales cooperativas.
En 1967 inicia esta serie con la
Cooperativa Eléctrica de Zapala, “la primera entidad sin fines de lucro
autorizada a tener un canal de televisión y brindar un servicio por suscripción
(…) La cooperativa se fundó en 1951 y empezó brindando el servicio
de energía
eléctrica.
Hasta el surgimiento del Canal 3 Circuito Cerrado de Televisión Zapala, el único medio (de
radiodifusión) era Radio Nacional" (Señales, 2013). Sin embargo, la sanción de la ley 22.285 en 1980, obturó
cualquier posibilidad de aspirar a licencias legales de radiodifusión para
actores no lucrativos. En el caso de la cooperativa de Zapala, por ejemplo, que
contaba con autorización prexistente a la ley, fue perseguida con intentos de
cierre desde 1980. En ese momento la población se manifestó y la emisora pudo
continuar emitiendo pero finalmente en 1982 fueron intimados para cesar sus
emisiones y se ordenó un operativo para decomisar sus equipos. En un último gesto de resistencia “alguien avisó, y el día que
llegaron, el 2 o 3 de noviembre, ya el canal estaba vacío" (Señales, 2003)[5].
La prohibición para ser
licenciatario de radio y TV a cualquier actor no lucrativo que fijó el artículo
45 de la ley 22285 generó durante 25 años diversos escamoteos legales que
fueron desde la clandestinidad hasta el trasvestismo jurídico a los fines de
seguir estando al aire. Sólo en 2005 esta situación se modifica parcialmente a
instancias un amparo presentado por el jurista Miguel Julio Rodríguez Villafañe
en 2003 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en representación de la “Asociación
Mutual Carlos Mugica”, dueña de la radio comunitaria cordobesa “La Ranchada”
sumada a una acción declarativa de certeza interpuesta en representación de la
“Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Villa Santa Rosa Limitada”.
“En ambos
casos, impugnando de inconstitucional al artículo 45 de la ley de radiodifusión
22.285, que no permitía a las entidades no comerciales ser titulares de
licencias de radiodifusión. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
sentencia de fecha 1 de septiembre de 2003, respecto de la asociación mutual y
por los mismos fundamentos, en fallo del día 8 del mismo mes y año, en lo que
hace a la cooperativa de servicio público antes mencionada, declaró la
inconstitucionalidad del artículo 45 de la Ley 22.285, en cuanto no permitía
que entidades sin fines de lucro puedan ser titulares de licencias de
radiodifusión. En dichos casos, el máximo tribunal del país sostuvo que, de
acuerdo a la ley cuestionada, “para poder concursar y ser prestadora autorizada
de una estación de radiodifusión sonora con modulación de frecuencia, se
requiere necesariamente ser persona física o sociedad comercial legalmente
constituida, lo que excluye a las sociedades civiles, cooperativas y
asociaciones mutuales sin fines de lucro”. Al respecto, entre otros
razonamientos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó, que la
normativa que se impugnaba importaba “una clara violación al derecho de
asociarse con fines útiles, pues impone cuál debe ser el espíritu que ha de
animar a quienes conforman tal organización colectiva, sin que se sustente en
un motivo suficiente que justifique que ciertas entidades de bien público no
puedan desarrollar una actividad que es cultural por esencia”. Por lo que el
máximo Tribunal del país, concluyó que dicha reglamentación era inconstitucional,
al “excluir de un modo absoluto, sin sustento en un criterio objetivo
razonable, a determinadas personas jurídicas de la posibilidad de acceder a una
licencia de radiodifusión, por no haberse constituido en una sociedad
comercial, pues ello importa en definitiva, una irrazonable limitación al
derecho a expresarse libremente y de asociarse o no hacerlo. (Rodríguez
Villafañe, 2008: 191-2)
Este fue un punto de inflexión en la legislación y un reconocimiento a
algunos actores, ya que las cooperativas que prestaban servicios públicos
siguieron en situación de irregularidad.
Sólo en 2009, con la sanción de la ley 26522 de Servicios de
Comunicación Audiovisual (SCA) se realizará un pleno reconocimiento de todos
los actores del sector en igualdad de condiciones y se definirá una reserva del
33% para todas las bandas y frecuencias a favor de ellos.
Aún así, las dificultades de implementación de la ley de SCA fueron
numerosas y el sector no lucrativo resultó nuevamente perjudicado en tanto al
no existir un plan técnico que definiera una ocupación real del espectro el
porcentaje de reserva no pudo aplicarse convenientemente y, por otra parte, al
no definir como prioridad política el fortalecimiento de estos actores, los
avances logrados en la ley quedarían en gran parte en el plano formal.
A partir del año 2009, Argentina definió una política del audiovisual
que, en lo relativo al sector sin fines de lucro, se articuló principalmente a
partir de dos normativas —la Ley N° 26522/09 de Servicios de Comunicación Audiovisual
(LSCA) y el Decreto 1148/09 de Creación del Sistema Argentino de Televisión
Digital Terrestre— y, de una serie de Planes y Programas y acciones específicas
que fueron, desde un significativo desarrollo de infraestructura de transmisión
de la Televisión Digital Terrestre y el tendido de miles de kilómetros de fibra
óptica (Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada), hasta de
fomento a la producción, la provisión de equipamientos, la capacitación
(Programa Polos Audiovisuales Tecnológicos) y la apertura de la licitación de
frecuencias en radio analógicas y TV analógica y digital. El escenario que se
abría a partir de entonces y sobre el cual se trabajaría con un horizonte de
mediano plazo fijado, ofreció unas posibilidades inéditas a un sector que
históricamente había tenido severas dificultades para la prestación legal de
sus servicios, y, concomitantemente, para el desarrollo de un plan de
sustentabilidad frente a un inminente proceso de migración digital y de
reconversión de cara a la convergencia tecnológica. Con la sanción de la LSCA,
fueron reconocidos como actores de pleno derecho. Las dificultades en la
implementación de la LSCA luego de su sanción limitaron el alcance de las
transformaciones en la estructura del mercado de medios, cuyos indicadores de
concentración se mantuvieron estables durante este periodo, y, en el caso de la
televisión de pago, se incrementaron (Becerra y Mastrini, 2017: 82). En efecto,
fue escasa la diversificación de actores como prestadores de servicios audiovisuales,
tanto en relación al acceso a licencias como en su capacidad para capturar
ingresos económicos: “Éramos el estandarte para la LSCA pero no logramos ni una
licencia definitiva”, señaló uno de los cooperativistas entrevistado para este
estudio.
Pese a ello, también como saldo del periodo —que se inicia con la sanción
de la Ley en octubre de 2009 y se cierra en diciembre de 2015 con el recambio
gubernamental—, el sector sin fines de lucro fue beneficiario de fondos
públicos concursables, —generados a partir de diferentes gravámenes fijados por
la nueva normativa— que le permitieron equiparse tecnológicamente,
profesionalizar sus prácticas organizativas y producir contenidos. En el caso
de las cooperativas de servicios del interior del país, desde ese momento,
muchas incursionaron en la prestación de este servicio, y simultáneamente,
lanzaron sus canales de cable local en cumplimiento de las demandas de la
propia Ley. En los casos en que los canales ya existían se tramitaron nuevas
licencias o modificaron las preexistentes, habilitando por primera vez en la
historia de la radiodifusión argentina, que las cooperativas pudieran
inscribirse como tales para gestionar licencias de radio y TV, y no bajo la
forma de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada.
En el caso de los canales comunitarios, a fines de 2015, coincidiendo con
el cambio de gobierno, por primera vez en la historia se entregaron las tres
primeras licencias de televisión digital abierta a organizaciones comunitarias
(Pares TV, Urbana TV y Barricada TV); aunque diferentes complicaciones y trabas
administrativas impidieron el normal funcionamiento de estos nuevos actores
durante, al menos, los siguientes dos años.
Otra de las líneas relavadas en esta investigación tuvo que ver con el
análisis de la sostenibilidad. En su trabajo, Soledad Soler la define como un
concepto multidimensional, que incluye aspectos socioculturales, económicos,
políticos y comunicacionales.
Afirma:
“Hacemos
referencia (…) a la
capacidad de los medios audiovisuales de desarrollarse y mantenerse en el
tiempo, sin comprometer sus capacidades y su estructura a futuro. Este concepto
de desarrollo sostenible, fue utilizado por primera vez en el marco de Naciones
Unidas en el año 1987. Las estrategias de sostenibilidad que se han dado los
medios sin fines de lucro históricamente en Argentina han sido de lo más
variadas. Lo cierto es que un análisis de las mismas debe ser capaz de
contemplar esa diversidad y multimensionalidad” (2018: 112)
Se consideraron entonces las 3 categorías propuestas por Binder, Fisher y
Godinez Galay (2017), para el análisis de sostenibilidad de las radios
comunitarias y se establecieron líneas de continuidad con las televisoras del
sector no lucrative tanto cooperativas como comunitarias. Estas categorías son:
económico-administrativa, política y comunicacional.
Se establecieron asimismo diferencias significativas entre los modos que
adquiere la sostenibilidad en los proyectos comunitarios y el modo en que esto
ocurre en los cooperativos.
En el sector cooperativo
“en general
los costos de los canales se cubren mayormente a través de la recaudación de
los abonos al servicio de TV paga. Ejemplo de esto es lo que explicó un
integrante de una cooperativa de Córdoba: “La cooperativa se sostiene por otros
ingresos y es la cooperativa la que sostiene al canal. El costo (para sostener
la señal) es de unos 250 mil pesos y tenemos unos 150 mil de publicidad”,
apuntaron. En ese sentido, como en la gran mayoría de las señales cooperativas,
la sostenibilidad económicoadministrativa estaría cubierta por los recursos
generados a partir de la provisión de otros servicios a las comunidades. Esto
significa que no se trata de una unidad de negocios en sí misma, sino un valor
agregado del servicio de TV paga” (2018:119)
En cambio, en el sector comunitario el panorama se modifica de modo
sustantivo. Las televisoras que hacen parte de proyectos comunitarios al no
poseer en general otras fuentes de ingreso necesitan acceder a fondos de
fomento y ayudas estatales para garantizar su continuidad.
“La
aplicación de estos fondos se convirtió en una fuente de recursos valiosa,
fundamentalmente para los medios, señales y productoras comunitarias, que
apostaron fuerte a la elaboración de contenidos. Como comenta Natalia Vinelli,
referente del canal comunitario Barricada TV (CABA) “con el primer FOMECA
pudimos equiparnos y producir el informativo diario”; esta vía de
financiamiento le permitió a la emisora “profesionalizar la pantalla”(Barricada
TV, CABA). Por el contrario, la parálisis en el flujo de estos fondos
concursables entre 2015 y 2017 representó una seria amenaza para los medios de
este sector. Como señala Milcíades Peña de Urbana TV, en ese momento se abrió
“una etapa de resistencia”, en la que aspiraron a sostener la emisora
funcionando, aunque resignaron la posibilidad de crecer, debiendo reducir la
planta de trabajadores en relación de dependencia (Urbana TV, CABA)” (2018:118)
Nuestra investigación también trabajó sobre otras líneas de interés. Una
de ellas referidas a contenidos y agendas locales desarrollada por Alina
Fernández y Juan Martín Zanotti, identificó analizó las grillas de programación
de veinticuatro señales cooperativas ubicadas en las provincias de Buenos
Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Formosa, Jujuy y La Pampa. Identificaron
una amplia heterogeneidad, “teniendo en cuenta no solo la ubicación geográfica
sino también criterios como fecha de creación del canal, modelo
jurídico-institucional bajo el que se constituyó (directamente relacionado a la
etapa de creación y el marco regulatorio vigente), tamaño de la localidad en la
se encuentra, escala de desarrollo del propio canal, como de la cooperativa a
la que se encuentra vinculada”. No obstante ello, se observa que “el noticiero
es la primera mención cuando se consulta por los programas contenidos en la
grilla del canal. Y aun en los casos en que las políticas que se imponen son
las de la tercerización de contenidos o la de coproducción, éste es un espacio
que mayoritariamente se reserva para la producción propia” (2018:56).
Explican asimismo que los informativos son en términos económicos:
“los
contenidos principales, situación que se manifiesta en el modo en que se
comporta la pauta publicitaria oficial y privada, que suele priorizarlos por
sobre otros segmentos de la programación, en función de que comúnmente son los
más vistos. Complementados por otros contenidos locales, los informativos son
el espacio central de expresión de las voces de la comunidad, y hacen parte de
una compleja relación constitutiva con la dinámica de los territorios en que se
insertan: por una parte, son actores cuya labor modifica e impone lógicas a la
reproducción de la realidad, construyendo agendas a través de estos espacios
que dan visibilidad a acontecimientos, temáticas y actores locales” (2018: 56)
Otro aspecto singular observado por los autores es el criterio de
noticiabilidad que utilizan los canales cooperativos que se distancian de las
propuestas desde los noticieros nacionales clásicos. En cambio, se observan de
modo significativo la aparición de noticas locales, de buenas noticias lo cual
puede estar vinculado a un modo de gestión que se busca fortalecer desde los
Consejos de Administración de las cooperativas que “por lo general, buscan
mantener vínculos fluidos con instituciones políticas, organizaciones de la
sociedad civil en general, referentes de la comunidad. De allí que, en
ocasiones, la incorporación de “los conflictos” en la agenda informativa, no
resulte deseable” (2018:63)
Por otra parte, cuando se trata de canales comunitarios el criterio
noticiabilidad y la agenda se modifican.
“Al explorar
las pantallas de los canales comunitarios encontramos elementos en común con
las señales cooperativas; pero el análisis de las concepciones, las lógicas y
tradiciones que sostienen a estos medios, nos permiten dar cuenta de
especificidades. La primera diferencia aparece cuando se indaga en relación al
origen de los medios: en el caso de los canales comunitarios, todos nacen al
calor de los cambios en el escenario audiovisual que generó la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual. Tienen su origen, además, en la asunción de una
dimensión particular —la de la comunicación— de proyectos políticos, o bien de
proyectos de política cultural. Inclusive, tres de los seis canales
comunitarios entrevistados contaban con antecedentes en la realización de
productos audiovisuales o en otras formas de participación en luchas políticas
concretas: Barricada TV vinculado al movimiento de cine piquetero, se funda
dentro de una fábrica recuperada del barrio de Almagro, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; GiraMundo TV, de Guaymallén, Mendoza, se crea al calor del
movimiento asambleario que se inició en el 2001, vinculado a causas, por
ejemplo, ambientales; y Urbana TV surge en el largo reclamo por la urbanización
de las villas, en particular la de la Villa 31, también en la ciudad de Buenos
Aires. En los casos restantes, los proyectos resaltan el carácter cultural de
la tarea. En todos se asume la dimensión ideológica del trabajo audiovisual:
visibilizar o dar voz a quienes están excluidos, entendiendo a la comunicación
como territorio de intervención política (…) La lógica de producción de los contenidos, si bien es compleja
y no desdeña la
sostenibilidad ni la profesionalización creciente, se caracteriza por someterse
a criterios de militancia. En este marco, comparten con los canales
cooperativos la centralidad de los noticieros o bloques informativos, aunque
aparecen marcados por otras reivindicaciones, que incluyen a actores cercanos o
de las comunidades de referencia, y que lejos de eludir el conflicto social,
buscan exponerlo. De este modo, la toma de posición política tiende a volverse
más explícita en noticieros como los de Barricada TV y Urbana TV —Noticiero
Popular en el primer caso, y Desde el Barrio, en el segundo—, a partir de las
agendas de lucha de las organizaciones, desde las cuales se busca interpelar a
las audiencias” (2018:76-7).
EL conocimiento acerca de los públicos que se conforman en torno a los
canales comunitarios y cooperativos también fue objeto de nuestra
investigación. Verónica Villalba analiza en su capítulo las características que
asumen las audiencias de estos medios al constituirse como públicos.
La autora expresa los diferentes modos en que se asume la condición de
públicos en canales cooperativos y comunitarios:
“Uno de los
primeros rasgos a destacar es que la suscripción de los asociados para acceder
al servicio de TV paga de las cooperativas, es en muchos casos, concomitante, a
la posibilidad de acceder a estas señales, que solo se emiten como parte de la
grilla de programación de estos servicios de TV por suscripción. Ello conduce a
pensar en un proceso compartido en el que los sujetos se convierten en públicos
(Mata, 1997) a medida que se consolida un nuevo servicio de la cooperativa. A
partir de allí, los asociados devenidos en públicos emprenderán un “fiel”
acompañamiento en los distintos hitos que marcan la historia organizacional.
Ciertamente uno de los acontecimientos significativos dentro del proceso de
constitución de los públicos fue la sanción de la LSCA en 2009 (…) En este punto de inflexión organizacional, las audiencias también acompañaron y fueron protagonistas de las
modificaciones de la programación,
de la nueva agenda temática que emergía y de las modificaciones tecnológicas
adquiridas mediante los programas de fomento al sector.
Las
experiencias comunitarias revelan una presencia similar por parte de sus
públicos desde el momento fundacional. Los entrevistados califican la relación
con sus audiencias a partir de una alianza o compromiso para que “determinadas
voces salgan al aire” (Barricada TV, CABA) Al definirse como “medios
populares”, los canales comunitarios apuntan a convertirse en portavoz de lo
que “la gente ordinaria”, “los consumidores de cultura” o “las mayorías” tiene
para expresar (De Certeau y Mayol, 1996). De allí la recurrencia a nominaciones
de programas que aluden al sentir popular: “Desde el Barrio” (Urbana TV); “La
política por otros medios” (Barricada TV); “Pensándonos a nosotros mismos”
(Comarca SI) o “Recuerdos” de Proa Cura Brochero” 2018: 139-140)
Viven! La televisión no lucrativa
convergiendo desde la periferia.
Como hemos señalado, a las expectativas suscitadas con la sanción de la
ley 26.522/09 le siguió un extenso proceso de judicialización de esa norma que
finalizó a mediados de agosto de 2013 con la declaración de constitucionalidad
plena de la norma y los artículos en litigio que llevaba adelante el grupo
Clarín, pero cuyas secuelas para el sector no lucrativo serían severas. La
implementación plena de la ley en lo relativo a estos actores no llegó a
concretarse a tiempo y por tanto el aspecto central de la reserva del especto
del 33% sólo quedó enunciada de modo formal.
A fines de 2015, toda esperanza de reactivación quedó licuada en relación
a las medidas que el flamante presidente Macri decretó a poco de asumir. “Tras
la derogación o sustitución parcial de artículos de las Ley 26.522 de Servicios
de Comunicación Audiovisual (LSCA) y de la Ley 27.078 Argentina Digital (LAD)
por parte del cuestionado Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15, el accionar
Ministerial, del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y de otros organismos
involucrados en las regulaciones y aplicación de políticas de fomento,
financiamiento y control del sector, evitó referenciar a la LSCA, inclinando
las capacidades normativas y performativas hacia una subsunción del audiovisual
en los parámetros de servicios TIC bajo un entorno de convergencia” (Rossi,
2018: 207)
En este escenario se produjo un movimiento significativo para algunas
señales cooperativas desarrolladas bajo el sistema de cable, en tanto a partir
de esta reforma este pasará a considerarse servicio TIC, y por tanto saldrá de
la órbita del audiovisual.
En cambio, aquellos actores que esperaban sus licencias para operar en la
TV digital, conforme a la aplicación del 33% de reserva de espectro seguirán
desplazados al menos un año más, hasta que otorguen las primeras licencias de
TV digital a medios comunitarios.
Como vemos, hay un parteaguas en el sector ya que algunos actores quedan
del lado del audiovisual y otros del lado de las telecomunicaciones.
Tal como indica Rossi en relación a las relaciones asimétricas previas a
los procesos de concentración empresarial y el desarme parcial de las Leyes
26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y 27.078 Argentina Digital “en 2018 se consolidan tendencias que
desembocarán — excepto imprevistas maniobras del sistema político— en un
escenario de prestadores info-comunicacionales más concentrado horizontalmente
y más integrado en sus cadenas de valor” (2018: 234). Asimismo, el fallido
proceso de la denominada Ley Corta[6]
será otro intento de los actores preponderantes para obtener ventajas en el
nuevo escenario convergente, y dejará una vez más fuera de juego a los actores
cooperativos que disputaban un lugar desde la convergencia periférica en el
ecosistema de las telecomunicaciones. En efecto,
“La promesa
formulada en abril de 2016, de elevar al Parlamento un Anteproyecto de Ley de
Comunicaciones Convergentes fue incumplida, aun habiendo sido cuatro veces
prorrogada por el propio Ejecutivo. Sin embargo, la ausencia de tratamiento en
el Congreso no impidió la promulgación de diversas normas que permitieron el
despliegue del Grupo Clarín, en expansión hacia las comunicaciones móviles.
Tras la derogación en diciembre de 2015 de las pautas anticoncentración y del
proceso de adecuación previsto en la LSCA, el Grupo Clarín no necesitó
desprenderse de algunas de las numerosas licencias que fue acopiando.
Posteriormente, Cablevisión/Clarín compró Nextel, empresa de telefonía móvil en
declive pero con un importante potencial si obtenía espectro radioeléctrico
para brindar servicios de 4G —lo cual logró no sólo por su capacidad de compra,
sino porque obtuvo habilitación en simultáneo del Ejecutivo, con el Decreto
1340/16 y la consiguiente reglamentación del denominado refarming. Luego, a
través de la anunciada fusión con Telecom (sujeta a la posterior aprobación del
ENaCom y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) se produjo la
mayor concentración comunicacional de la historia argentina” (Rossi, 2018:
210-11).
En un escenario convergente, el sector no lucrativo ha buscado
reposicionarse de diferentes modos, aportando a la diversificación de servicios
y a la conectividad.
Tal como señalan los investigadores de nuestro equipo Florencia Guzmán y
Tomás Venturini, las televisoras del sector no lucrativo exploran su expansión
en nuevas pantallas.
“La
traslación de los contenidos televisivos lineales hacia internet pareciera un
imperativo de estos tiempos en que los consumos audiovisuales se desplazan
lenta pero sostenidamente hacia una mayor variedad de pantallas, a partir de
cambios en las lógicas de consumo de productos audiovisuales, cada vez más
ubicuas y desprogramadas. Según los datos relevados (…) en relación a la presencia en nuevas pantallas por
parte de los canales del sector “sin
fines de lucro”, se observa que las plataformas más utilizadas son: YouTube
(72.4%), Facebook (69%) y páginas web institucionales (45%); rezagados quedan
Instagram (10%) y Twitter (14%). No obstante, encontramos en estos números
globales diversos grados de apropiación en relación a sus usos. Lo más habitual
consiste en fragmentar el mismo material producido para el canal televisivo
lineal y replicarlo en las demás pantallas, especialmente en YouTube. En
efecto, un grupo mayoritario de canales se limita a “subir” segmentos o
programas completos a esta plataforma. Los informativos son los contenidos de
producción propia con mayor presencia en la pantalla lineal, hecho que se
replica en los canales de YouTube analizados. No obstante, la falta de valor
agregado al contenido en su traslación a la nueva pantalla, limita sus
posibilidades de amplificar el alcance, lo que se evidencia en una baja
visualización online de estos materiales. Finalmente, un grupo más reducido lo
integran canales que generan algún tipo de contenido específico para nuevas
plataformas, como el caso de Canal 11 TVCOOP de Villa Huidobro, Telpin de
Pinamar y CPETv de Santa Rosa, La Pampa. En estos casos se observan intentos
por adecuar el contenido audiovisual tradicional a la forma narrativa que
proponen los “nuevos medios”. (2018: 101-2)
Estos procesos de convergencia desde la periferia se expanden no solo
hacia otras pantallas sino hacia la articulación de servicios audiovisuales con
servicios de telecomunicaciones. El avance hacia el triple play e incluso el
desarrollo de una opción propia de telefonía móvil desde el sector cooperativo
ya son un hecho desde hace tiempo:
“De acuerdo
al relevamiento de Catalano, a julio de 2018, las cooperativas de
telecomunicaciones (…) vienen
ofreciendo el combo triple desde hace tiempo. Telviso, Telpin, Tortuguitas,
TelVGG, Funes Coop, Morteros, Calafate, Santa Rosa y Caroya conforman el
pelotón de las entidades que ya brindan estos paquetes. A finales de este año,
este grupo, junto a otras cooperativas, podrá sumar el servicio celular bajo la
figura de Operador Móvil Virtual (OMV) a través de CATEL, la cámara que las
nuclea, y también la plataforma de OTT (streaming de video) (…)
De hecho, con motivo de las audiencias informativas realizadas en Senado
(…) , diversos
prestadores entre los cuales se encuentran COLSECOR y la Cooperativa de
Servicios Públicos de Santa Rosa, expresaron su capacidad de brindar nuevos
servicios, y la inconveniencia del proyecto oficial de desregulación, que no
incorporaba, por ejemplo, la garantía de derechos de acceso a frecuencias para
brindar telefonía móvil (lo que tornaba imposible ofrecer “cuádruple play” como
sus competidoras, más allá de la incierta posibilidad de encuadrar como OMVs)”
(Rossi, 2018: 212)
En efecto, por fuera del período de análisis que alcanzó nuestro trabajo,
podemos referir el lanzamiento en 2020 del primer operador móvil virtual
cooperativo de Argentina, conocido como Imowi.
Asimismo, en el contexto de pandemia el reconocimiento en términos de
política pública de los servicios TIC en tanto servicios públicos en
competencia interpela nuevamente al sector no lucrativo, específicamente a los
actores cooperativos que prestan servicios de TV de pago mediante vínculo
físico.
Nuestro equipo, siguió trabajando en esta línea de indagaciones y amplío
sus intereses ya no solo a la televisión cooperativa y comunitaria sino a los
procesos convergentes que tienen lugar en el sector no lucrativo. Así, desde 2019 nuestra tarea consistió en
identificar los modos disidentes de transitar la convergencia, las soluciones
alternativas, cooperativas, mutualistas, comunitarias, indígenas, de Pymes y de
actores públicos frente a las estrategias de los actores preponderantes de un
mercado concentrado pero también globalizado y nos abocamos a una nueva
escritura polifónica que tuvo como resultado el libro Otras Plataformas. Tramas
de una convergencia periférica en sectores populares, comunitarios,
cooperativos y alternativos publicado a fines de 2020.
Referencias
Elíades, A. (2003) Historia legal de
la radio y la televisión en Argentina. Revista: Oficios Terrestres Nº 13. Facultad de Periodismo y Comunicación Social (FPyCS). ISSN: 1668-5431. Páginas: 32-56. Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/48546/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Monje, D. y Rivero, E. (coord.) (2018)
Televisión Cooperativa y Comunitaria. Diagnóstico, análisis y estrategias para
el sector no lucrativo en el contexto convergente” Autores: Monje Daniela,
Rivero Ezequiel, Zanotti Juan Martín, Fernandez Alina, Soler Soledad, Guzman
Florencia, Villalva Verónica, Venturini Tomás, Valle Luis, Rossi Diego,
Rodriguez Villafañe, Miguel Julio. Edición: Convergencia Cooperativa. ISBN:
978-987-42-8808-0. Buenos Aires. Disponible en version digital en: https://proyectoecanet.files.wordpress.com/2018/08/tv-cooperativa-comunitaria.pdf
Trabajos de los autores de este libro
citados:
Fernández, A. y Zanotti, J. M.
“Contenidos informativos en canales cooperativos y comunitarios: televisión de
proximidad y agendas locales”.
Guzmán, F. y Venturini, T. “Nuevas
pantallas e innovación tecnológica: desigualdad, desafíos y posibilidades.
Rodríguez Villafañe, M.“Comunicación
cooperativa en Argentina: avances y retrocesos”.
Rossi, D. “Asimetrías y regulaciones
en tiempos de megafusión y Ley Corta”.
Soler, S. “Modelos de sostenibilidad
para la televisión sin fines de lucro”.
Villalba, V. “Periferias televisadas”.
Monje, D.; Gerbaldo J.; Rivero, E. y
Fernández, A. (coords). Otras plataformas. Tramas de una convergencia
periférica en medios populares, comunitarios, cooperativos y alternativos. Lago
Editora. 2021 (Amperio Ideas). ISBN 978-987-4969-56-9
Versiones para epub y mobi. Archivo Digital: descarga y online. Disponible en: https://enanobruno.com/bibi/?book=otrasplataformas.epub .
Vinelli, N. (2014) La television desde
abajo. Historia, alternatividad y periodismo de contrainformación. Colectivo el
topo blindado. Cooperativa editorial El río suena. Buenos Aires.Señales (2013)
Zapala: un ejemplo de cómo Cablevisión incumple la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual. Blog Señales. Comunicación, medios, cultura y +.
Disponible en:
https://seniales.blogspot.com/2013/09/zapala-un-ejemplo-de-como-cablevision.html