Organizar territorios
digitales: La Red de Medios
Digitales y la lucha por la democratización de la comunicación en Argentina
Organize digital territories: the Red de Medios Digitales and the struggle
for democratization of communication in Argentina
Cómo
citar: CYBEL, Y. (2023). Organizar territorios digitales: La Red de Medios Digitales y la
lucha por la democratización de la comunicación en Argentina”. Revista Argentina de Comunicación 11(14),
pp 42-63.
Yair
Cybel
Licenciado
en Comunicación Social (UBA), maestrando en Teoría Política y Social (UBA) y
docente en la carrera de Comunicación Social (UBA). Dirige el medio digital El
Grito del Sur y preside la Federación de Medios Digitales. Trabaja como
investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
ycybel@gmail.com
Fecha de Recepción: 24/07/2023
- Fecha de aprobación: 15/09/2023
Resumen
En este artículo se sistematiza la
experiencia de la Red de Medios Digitales, su proceso de organización y la
representación que adopta un sector emergente como el de los medios populares
digitales. Asimismo se plantean algunos de los debates que atraviesan al campo
de la comunicación popular: los nuevos antagonismos con las plataformas, la
cooperativización y sindicalización del sector, la democratización y
federalización de la publicidad oficial y la disputa por la
institucionalización del campo.
Palabras clave
Comunicación popular,
Cooperativismo, Red de Medios Digitales
Abstract
This article
systematizes the experience of the Red de
Medios Digitales, its
organization process and the representation adopted by an emerging sector such
as popular digital media. Likewise, some of the debates that cross the field of popular communication
are raised: the new antagonisms with the social media platforms, the cooperativization and unionization of the sector, the
democratization and federalization of official advertising and the dispute for
the institutionalization of the field.
Keywords
Red de Medios Digitales, Popular
communication, Cooperativism
“Dar testimonio en tiempos difíciles”
Corría el año 2019 y en la Argentina
se cerraba un ciclo corto. Con el final del gobierno de Mauricio Macri se
clausuraba un ciclo breve de retrocesos en materia de democratización
comunicacional. Ya para entonces, el campo de las comunicaciones había tenido
que afrontar una serie de reformas regresivas en el área: con la derogación de
los artículos 44, 45, 73 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (LSCA), con una concentración y convergencia crecientes a nivel
local disparada tras la fusión de los grupos Telecom y Cablevisión, con la
transnacionalización de los grandes actores y la veloz transformación de los
ecosistemas digitales, el panorama se presentaba complejo para el sector de los
medios populares. En consecuencia, quienes trabajaban a diario por una
comunicación democrática que subvirtiera los altos grados de concentración del
mercado corrían de atrás en una realidad cada vez más hostil.
En su primer día de gestión,
Mauricio Macri creó el Ministerio de Comunicaciones y le otorgó la potestad de
regular en materia de tecnologías de la información, telecomunicaciones,
servicios de comunicación audiovisual y servicios postales. Pasados apenas
veinte días, publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 que dispuso la
creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), que integraría a los dos
organismos de regulación anteriores creados por la LSCA: la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (AFTIC). Asimismo, creó el Consejo Federal de
Comunicaciones (CoFeCo), reduciendo la representatividad del sector al tiempo
que afectó de manera sensible los artículos centrales de la LSCA en materia de
concentración. Un tiempo después, para fines de 2017, el ENaCom autorizó la
fusión de Telecom y Cablevisión, habilitando la emergencia de la mayor empresa
del sector que, a su posición dominante en materia de prensa gráfica y su
importante presencia en la radio, la TV y el cable, ahora le sumaba la
provisión de Telefonía e Internet.
En ese marco, un grupo de
periodistas populares, trabajadores de prensa y gestores de medios digitales apostaron
al encuentro y la organización. Con el triunfo del Frente de Todos y la llegada
de un nuevo gobierno de carácter popular buscaron fortalecer el sector,
unificar una referencia, construir un programa político y poner en valor los
puestos de trabajo generados. El objetivo de fondo consistía, en palabras de
sus referentes, en democratizar las comunicaciones en Argentina.
Díaz Bordenave reflexiona sobre la
democratización de la comunicación a partir de la publicación del informe
McBride de la UNESCO. En ese marco, plantea que “la contribución de la
comunicación a la desfeudalización y democratización de la sociedad no se deberá
basar sólo en los aspectos formales o metodológicos del CÓMO COMUNICAR
(comunicación alternativa, comunicación participativa, comunicación folklórica,
comunicación popular) sino sobre todo en el para qué comunicar y el qué
comunicar, es decir, en la filosofía político - social y en los contenidos que
ella informa, fundamentados en el quién comunica es decir, en la incorporación
del pueblo como protagonista principal del proceso” (Díaz Bordenave, 1982).
Con el enfoque puesto en ese “quién”
que protagonice los procesos de democratización comunicacional, la Red de
Medios Digital (RMD) surgió en aquel diciembre de 2019 y para la fecha de este
artículo -menos de cuatro años después- ya nuclea a 86 medios de todo el país.
En este tiempo, desde la organización se han dado la tarea de cooperativizar
casi 30 medios, gestionar recursos financieros, capacitar y sindicalizar
trabajadores y construir la primera Federación de Medios Digitales de América
Latina.
A su vez el proceso no se agota en
la organización de los medios del soporte digital, sino que nuclea a sus pares
de otros formatos (radio, revistas culturales, diarios impresos, televisoras
autogestivas) con la conformación de la Confederación de Medios Cooperativos y
Comunitarios, la experiencia unitaria de trabajadores de comunicación popular
más grande y federal de la historia Argentina.
Asimismo, desde la Red organizaron
dos encuentros presenciales, realizaron dos censos, consiguieron que el
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social crease un área para
medios comunitarios, construyeron un Grupo de Investigación en Plataformas
junto a la Defensoría del Público, redactaron e impulsaron el proyecto de Ley
Micaela en medios, junto a otra serie de iniciativas legislativas.
La búsqueda del presente artículo es
compleja. Por un lado intenta inscribirse en el campo de la estratégica pero
poco valorada sistematización de experiencias: esbozar un testimonio
organizativo de un sector emergente como el de los medios digitales populares,
dejar la huella de una referencia que permita su réplica en otras latitudes y
que inspire iniciativas superadoras.
“Sistematizar
es detenerse, mirar hacia atrás, ver de dónde venimos, qué es lo que hemos
hecho, qué errores hemos cometido, cómo los corregimos para orientar el rumbo,
y luego generar nuevos conocimientos, producto de la crítica y la autocrítica,
que es la dialéctica, para transformar la realidad”, explican Dámari Expósito
Unday y Jesús Alberto González Valero (Expósito Unday y Gonzáles Valero, 2017).
Es así que el primer apartado será
entonces netamente compilatorio, buscando reponer los debates y las condiciones
de emergencia que dieron lugar al surgimiento de la organización. Tal como
plantea Jara, la sistematización de experiencias “ha llevado a cuestionar el
paradigma del método de conocimiento occidental: racional‐cartesiano, masculino
y predominantemente blanco, para afirmar conocimientos y visiones historizados,
intersubjetivos y ¨sentipensantes¨, que vinculan razón y deseo, sobrepasando la concepción positivista de
investigación social y la noción universalista abstracta del llamado
conocimiento científico”.
Con ese fin, apelaremos a una
amalgama metodológica a partir de la consulta del Censo 2022 realizado por la
propia red, una compilación cuantitativa a modo de encuesta que busca indagar
en locación territorial, composición del medio en materia de trabajadores,
identidad de género, ingresos, salarios y otras facetas que hacen al trabajo de
los medios que componen la Red. Esta información estará atravesada por el
trabajo con entrevistas en profundidad con una serie de dirigentes de la
federación que permitirán un acercamiento cualitativo a un conjunto de ideas,
representaciones, significaciones y valores de los integrantes de la
organización.
Una aproximación cualitativa,
multidisciplinaria y transdisciplinaria, que se aleja de la distancia
construida entre el investigador y el “objeto” para fundirse en una propuesta
de investigación‐acción‐participativa. En términos de Jara Holliday “la sistematización
de experiencias está más relacionada con el proceso, su dinámica, recorrido y
vitalidad. Evaluamos el proyecto y sistematizamos la experiencia vivida durante
el proceso” (Jara Holliday, 2012).
Al mismo tiempo, repondremos los
principales indicadores que se desprenden del proceso censal realizado en el
año 2022 sobre 52 medios pertenecientes a la red. Este insumo metodológico
permitirá dimensionar la importancia de la Red a nivel federal, estimar el
volumen de generación de trabajo de los medios y las condiciones en las que
viven sus trabajadores.
Pero por otro lado, este escrito
también busca abrir debates y correr el eje de la discusión en el campo de la
comunicación popular. Es por ello que intentará ser un plafón desde donde se
disparen una serie de preguntas sin respuesta, tal vez en el gesto más germinal
del lenguaje científico. Una apuesta a problematizar, a pensar, a abrir líneas
que no tengan un horizonte acabado, certero y cercano. Salir de la gestión
cotidiana para pensar en las utopías.
Por último, convocados por la idea
que anima a esta edición de la Revista Argentina de Comunicación, intentaremos
esbozar alguna respuesta concreta al dilema de si es posible territorializar
construcciones comunitarias digitales. ¿Es lo digital un territorio? Partimos
de la premisa de que sí, pero también entendemos que la disputa en términos
políticos requiere calle, encuentro, articulación y cuerpos, la compleja tarea
de pasar del grupo de WhatsApp o el like en redes sociales a la acción común y
organizada. De esto también buscaremos dar cuenta.
El objetivo general será entonces
reponer la experiencia organizativa que da origen a la primera federación de
comunicación popular digital de medios y en este proceso indagar en los debates
que atraviesan el campo y dar cuenta de la situación que enfrentan estas
experiencias en la ardua tarea de disputar el escenario mediático.
Hacia una nueva hegemonía con preeminencia digital
La Encuesta Nacional de Consumos
Culturales de 2023, realizada por el Ministerio de Cultura de la Nación y el
Sistema de Información Cultural de la Argentina, da cuenta de un marcado cambio
de tendencias en el consumo de información. El trabajo de campo fue realizado
entre noviembre de 2022 y enero de 2023 y se aplicó a la población a partir de
los 13 años, residente en aglomerados urbanos de más de 30.000 habitantes.
En sus conclusiones se puede
observar que si bien la televisión sigue siendo el soporte más transversal en
cuanto a consumo de información, destaca un auge creciente del consumo de
noticias en formatos digitales. Los números hablan por sí mismos: el 65% de los
consultados señaló que entre fines de 2022 y principios de 2023 consumió
contenido a través de plataformas audiovisuales, en comparación con un 41% que
declaraba lo mismo en 2017. La escucha de radio se sostiene en sus guarismos
pero un 27% ahora escucha radio vía web y 15% ya señala que consume radios que
solo se transmiten por esta vía.
En relación al acceso a la
información periodística, casi el 70% de
argentinas y argentinos asegura leer noticias tanto en redes sociales,
como en diarios en papel y/o digitales. Sin embargo, la lectura más frecuente
se registra en redes sociales y en diarios digitales. Esta realidad tiene un
correlato etario: el 59% de las personas de entre 18 y 29 años declara consumir
noticias en redes sociales y portales digitales, sobre todo a través del
celular.
La estadística da cuenta de una
realidad: el soporte digital en materia de consumo de información comienza a
poner en cuestión el sistema de medios imperante durante los últimos 60 años.
Este año, tras 320 años de existencia, se suspendió la tirada en papel del
diario austríaco Wiener Zeitung, el periódico impreso más antiguo del mundo.[1]
En Argentina, según registra el
Instituto Verificador de Circulación[2], el diario
Clarín pasó de registrar una circulación neta diaria de 646.261 ejemplares en
1992 a apenas 218.663 para 2018, casi un
tercio de tirada en menos de tres décadas (IVC, 2020).
La escalada virtual se sostiene. Sin
embargo, un 56% de los consultados en el Informe sobre Noticias Digitales de
Reuters, dice tener dificultades para discernir entre realidad y ficción en
Internet[3]. Es
aquí donde se juega gran parte del diferencial que aportan los medios populares
y comunitarios: el cuidado de la información, el abordaje respetuoso, el
chequeo y el buen nombre de la marca editorial.
Pese al crecimiento del entorno
digital y a las nuevas experiencias mediáticas populares y digitales (algunas
nacidos al calor de la LSCA y otras como consecuencia de la crisis de las
redacciones tradicionales) y ante un aumento evidente del peso de los trabajadores
digitales al interior del sector, llama la atención el hecho de que no hubiera
existido ninguna organización que nucleara gremialmente a las distintas
experiencias mediáticas digitales y populares.
En ese escenario es donde surgen los
primeros debates en torno a la posibilidad del armado de una Red de Medios
Digitales, con una referencia inmediata en las experiencias del Foro Argentino
de Radios Comunitarias (FARCO), la Asociación de Revistas Culturales
Independientes de Argentina (ARECIA) o la Red Nacional de Medios Alternativos
(RNMA), pero con una impronta política propia, acorde a los tiempos que
corrían, los debates saldados y las nuevas necesidades producto de la
emergencia de otros soportes.
En sus reflexiones más originarias
la comunicación popular era entendida como el gesto de militantes,
intelectuales y activistas de potenciar la palabra silenciada de las grandes
mayorías, de hacerla audible y legitimar esas voces: “Hablar de
comunicación popular es
hablar de comunicación
en dos sentidos:
de las clases populares
entre sí (y
cuando digo clases
estoy entendiendo los
grupos, las comunidades, incluso
los individuos que
viven una determinada situación de
clase) pero estoy hablando
también de la
comunicación de las
clases populares con
la otra clase. Con
aquella otra contra
la cual se
definen como subalternas,
como dominadas” (Martín
Barbero,1983:5)
Sin embargo, en palabras de María
Cristina Mata “la distancia entre
el mundo académico
y las experiencias populares de
comunicación produjo –salvo excepciones– una
simplificación de problemas que sin la debida profundización aparecen
una y otra vez como deudas pendientes”.
Contra esa distancia simplificante es donde se erige este artículo, en la
intención de ligar los campos de la práctica y la reflexión crítica sobre la
propia acción.
“Han procurado siempre que los trabajadores no tengan
historia”. Sistematizar la experiencia
Partimos de una premisa básica: las
personas que gestionan y sostienen medios populares y digitales son
trabajadores. La compleja realidad del campo de la comunicación popular en
Argentina ha generado que las percepciones de quienes se han desempeñado en
medios comunitarios hayan sido múltiples. Sin embargo, para el momento del
surgimiento de la Red de Medios Digitales todavía rondaba con cierto peso la
idea de la militancia, de la entrega altruista, de un periodista popular más
cercano a la figura del activista que a la del trabajador.
No caben dudas: quienes deciden
gestionar, coordinar y sostener medios populares lo hacen movidos por una
profunda voluntad política, enteramente militante. La fragilidad económica, los
bajos salarios, la apuesta por una marca colectiva más que por una firma
individual, la agenda centrada en las problemáticas populares y el trabajo
coordinado con las organizaciones sociales dan cuenta de que la apuesta es
política. Entonces no hay duda: quienes impulsan medios populares y digitales
son militantes.
Al mismo tiempo, la compleja
asunción de esa condición muchas veces aparecía reñida con una idea todavía más
profunda: la del trabajo. El primer debate con el que nace la RMD es el del
reconocimiento como trabajadores, la puesta en valor de su producción, la
reivindicación de los derechos laborales y el fortalecimiento de los retiros
(salarios cooperativos) de sus integrantes, y así como la profesionalización de
la gestión de las unidades productivas. Un encuentro entre tres planos
divergentes: sindicalizarse en tanto trabajadores, cooperativizarse en tanto
empresas de propiedad social, organizarse en tanto medios populares.
El origen de la Red, tal como
cuentan sus principales referentes, está íntimamente ligado al reconocimiento
de su tarea como un trabajo. Un trabajo militante, político, democratizador,
pero una actividad laboral al fin.
Si son trabajadores ergo deberían
discutir de salarios o, en el caso de las cooperativas, de retiros. ¿Cómo se
financian los medios sin fines de lucro? ¿Qué capacidad existe de mejorar esos
ingresos? Las condiciones de vida de estos trabajadores de prensa están
íntimamente ligadas a la realidad del sector, donde abunda el pluriempleo y la
precarización. Los medios digitales populares no son ajenos: lejos de la figura
de ser sus propios jefes la tarea mal remunerada sumado al alto nivel de
producción y la compleja actualidad del mundo del trabajo los emparentan más
con los trabajadores precarizados que con la figura del “self made man” que
propone el emprendedurismo.
La discusión por el financiamiento
estuvo presente desde el origen de la red. El acceso, la democratización y la
federalización de la publicidad oficial; la construcción de cooperativas que
pudieran facturar, aperturar una cuenta bancaria o sostener una personería
jurídica; la socialización de mecanismos de financiamiento; y el asociativismo
en relación a estrategias económicas conjuntas fueron grandes motores de esa
unidad. Esta era una ruptura clara con la generación inmediatamente anterior de
medios populares: la lectura consistía en que, para aportar a democratizar la
comunicación en Argentina, había que hablar de finanzas, de ingresos y de
flujos de trabajo.
En ese origen también estuvieron
presentes dos ejes transversales que acompañarían la existencia del proyecto:
el federalismo y los encuentros. La compleja tarea de sostener un medio popular
resulta aún más difícil en una relación directa con la distancia que se tiene
de la Capital Federal. Es por eso que desde la Red se plantearon la tarea de
organizar al sector con especial énfasis en las distintas provincias del país:
Córdoba, Chaco, Mendoza, Santa Fe, Misiones, San Juan, Tucumán. Para ello,
impulsaron una comisión de regionalización con la puntual tarea de llegar a los
territorios, de auscultar experiencias, de tejer redes provinciales y locales.
El segundo eje fue el de los
encuentros. La presencialidad, antes y después de la pandemia, fue una
herramienta sustancial para sostener, fortalecer y proyectar la naciente
construcción. Las instancias de intercambio en Villa Carlos Paz, Buenos Aires y
Tigre resultaron estratégicas para el contacto entre protagonistas, la
socialización de conocimientos sobre gestión, cotidianeidad, relación con
actores y sobre todo para fortalecer el factor humano de la herramienta
política.
De estos espacios derivó gran parte
de la estructura que hoy sostiene la RMD: una mesa nacional, una comisión
regionalizadora, áreas de comunicación, de género y de administración. Un
equipo de coordinación político, un grupo de estudios, un espacio de vinculación
con sindicatos y otro que realiza prácticas preprofesionales con estudiantes
avanzados de distintas universidades públicas. Los encuentros fueron saltos
cualitativos en la organización que permitieron aumentar la confianza, la
coordinación y el cariño mutuo, elemento insoslayable en una estructura
política de este tipo.
¿Quiénes son, qué hacen y dónde estan?
El afán de disputa por recursos,
políticas públicas y espacios de poder enfrentó a la Red con la necesidad de
contar con datos certeros de la composición de los medios, las características
de los trabajadores y sus puestos de trabajo, la situación jurídica y el
financiamiento de los mismos. Es por ello que en 2022 realizaron el segundo
censo de la Red de Medios Digitales que, bajo la coordinación de Bianca de
Toni, compiló las respuestas de 52 medios de todo el país[4].
Los datos que emergen del informe
final dan sobrada cuenta de la situación de precariedad y pluriempleo de los
trabajadores y de la fragilidad financiera de muchos de los medios. El censo
contabilizó a 758 trabajadores de medios digitales populares, de los cuales 364
son fijos y 394 lo hacen en forma de colaboradores. El 49% de los y las
encuestadas tienen entre 35 y 44 años, mientras que 5,9% se encuentra en el
rango entre los 18 y los 24.
En cuanto al año de creación, apenas
el 13,46% de los medios se fundaron entre los años 2020 y 2021 durante el
Gobierno de Alberto Fernández, mientras que el grueso se reparte en dos
períodos: un 42,30% surgieron durante los años 2016 y 2019 durante el Gobierno
de Mauricio Macri al tiempo que un 36,58% surgió entre 2009 y 2014 durante la
Presidencia de Cristina Fernandez de Kirchner y como herencia de la LSCA y los
debates democráticos en torno a la comunicación. Solo un 5,76% nació entre 2003
y 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner y se registró que el 1,92%
(apenas un medio, ANRed) surgió en 1994 durante el gobierno de Carlos Menem.
Consultados por la herramienta
jurídica que los sostiene, encontramos que del total de 52 medios, el 36,53%
estaban constituidos como cooperativas de trabajo, el 17,31% eran asociaciones
civiles, el 21,16% se encontraba en proceso de constitución como cooperativa,
mientras que el 25% aún no contaba con personería jurídica. Gran parte del
saldo positivo en relación a la institucionalización y cooperativización es
producto del trabajo sostenido de las áreas de cooperativización y
administración de la RMD: el 68% de los medios consultados señaló haber
recibido asesoramiento, apoyo logístico y capacitación por parte de la Red y el
60,4% fue beneficiado por estrategias de financiamiento y sostenibilidad.
En relación a los ingresos, para el
momento del censo se demostró que apenas el 9,8% de quienes percibían ingresos
superaban los 50 mil pesos, dentro de los cuales solo 3,9% de ellos percibía
una cifra superior a los 70 mil pesos. Solo el 36,53% de los medios podían
garantizar salarios que cubrieran el costo de la Canasta Básica Familiar a
valores de Abril 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC).
En cuanto a la disposición de un
espacio físico para la redacción, sólo el 1,9% contaba con un espacio propio del medio, mientras que el
19,2% de los medios alquilaba, un 17,3% utilizaba un espacio físico cedido por
una organización, el 9,6% poseía la redacción en la vivienda de un integrante
del medio y más de la mitad (51,9%) no tenía un espacio físico donde
desarrollar sus actividades.
Una situación similar se repetía en
relación a la propiedad de los equipamientos utilizados para llevar adelante la
labor periodística: el 21,15% de los medios dispone de equipamiento propio,
pero en el 25% utilizan equipamiento de sus trabajadorxs y el 53,85% tenía una
modalidad mixta, es decir, un esquema de trabajo donde se utilizan equipos del
medio a su vez que las y los trabajadores también aportan equipamiento propio.
En cuanto a los ingresos, para el
57,69% de los medios la pauta nacional se ubicaba dentro de sus principales
activos, mientras que el 40,38% de los medios señaló el Programa Potenciar
Trabajo dentro de sus principales fuentes de ingresos y el 28,84% destacó la
pauta municipal como insumo financiero. En la aplastante mayoría de los medios
(86,5%) el principal egreso son los salarios/retiros de sus trabajadores.
Por último, el alcance, un hecho no
menor. Sumados, todos los medios de la red en sus tres principales plataformas
acumulaban un alcance de 2.355.342 seguidores, una cifra nada despreciable que
posiciona a la vocería conjunta como un actor relevante en el escenario
mediático.
El debate por las audiencias no es fútil: el primer criterio que postula la
Resolución 9090/2023 (que regula la administración de pauta oficial) es el
Alcance del medio. Gracias a un trabajo conjunto entre muchas organizaciones
del sector y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, esta resolución
desdobló los criterios de federalismo y publicidad, modificando los criterios
de asignación y fortaleciendo las posiciones de los medios cooperativos.
Sin embargo, el debate por la
preeminencia del criterio de audiencia en la asignación de pauta sigue siendo
fundamental para pensar nuevos esquemas estatales de fomento al pluralismo: la
discusión por quiénes miden y con qué criterio (Ibope es la única consultora
que realiza mediciones oficiales de audiencias en TV, por citar solo un
ejemplo) se amalgama con la realidad del fortalecimiento económico de los
principales grupos. Si quienes más alcance tienen, reciben más pauta, el
escenario concentrado de medios continuará concentrándose.
Cabe destacar aquí que la emergencia
de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios (CMCC) como actor de
negociación colectiva para los medios populares y el buen diálogo que se pudo
construir con la gestión de la Secretaría de Comunicación y Medios Públicos
permitieron acercar posiciones y corregir desigualdades en un eje fundamental
para el sostenimiento de los medios como la distribución de pauta oficial.
Desde la Red postulan que si la asignación de pauta es la expresión de las
prioridades de política comunicacional de un gobierno, entonces la pelea por su
democratización y federalización debería ser un estandarte para todo el campo
popular.
El punto de partida era preocupante
en relación al desequilibrio en el reparto de recursos: según datos oficiales,
para mediados de 2021 (previo a la asunción del Secretario de Medios y
Comunicación Pública, Juan Ross) lo que el Grupo Clarín obtenía del Estado en
un solo mes equivalía a 34 años de pautas de la cooperativa de trabajo El Grito
del Sur[5]. En términos
federales, los números eran aún más groseros: de las 867 plataformas web que
recibían pauta, solo dos correspondían a Catamarca, apenas cinco a Santa Cruz,
ocho a Misiones y nueve a La Pampa. Este escenario cambió positivamente durante
los últimos años, pero las desigualdades aún son groseras: según datos de
elaboración propia de la Red de Medios Digitales, el presupuesto para el sector
sin fines de lucro no alcanza al 4% del total.
Debates hacia y desde el campo
El advenimiento de la Red como actor
político introdujo una serie de debates hacia el interior del campo de la
comunicación y desde este campo a la sociedad en general.
El primero fue una caracterización,
una categorización, un recorte. En el amplio mundo de los medios sin fines de lucro,
primaba la idea de “alternatividad”, como sinónimo de horizontalidad, de
autonomía de la esfera estatal.
El concepto de alternatividad era
sumamente problemático para las tareas de la etapa. Primero y principal, su
origen etimológico: la alternatividad era una definición política, implicaba
pensarse por oposición, definirse por antagonismo con un otro y el debate
fundamental tenía que ver con el Estado. Crecida al calor de las corrientes
autonomistas que impactaron de lleno en las miradas de izquierda y
nacionales-populares de nuestro continente, la “alternatividad” implicaba una
suerte de descrédito en el Estado, o al menos una distancia medianamente
razonable.
Desde la Red de Medios Digitales
elaboraron una mirada antagónica: no hay comunicación popular sin Estado. En un
ecosistema de medios cada vez más desigual, el Estado aparece como un actor
necesario para equilibrar desigualdades, intervenir en el escenario mediático y
promocionar iniciativas populares. Consecuencia de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, permeó con más fuerza el debate por el rol del
Estado, sus leyes y sus consecuencias en el vasto mundo de la comunicación y su
emergencia también transformó a algunas de las organizaciones que descreían del
Estado o rechazaban el debate por el acceso a financiamiento estatal.
“Somos independientes del Estado”,
señalaba la Red Nacional de Medios Alternativos en su presentación web. Desde
la RMD sentencian lo contrario: los medios populares son profundamente
dependientes del Estado, necesitan más Estado interviniendo en la comunicación
popular y más políticas públicas orientadas al sector. “Sin medios populares no
hay democracia y sin Estado no hay medios populares”, es una de las consignas
que se repite en los testimonios de referentes de la Red.
La LSCA dejó como balance un
antagonista de la democracia comunicacional (los monopolios de medios) pero
para los integrantes de la RMD también dejó un saldo: en política, los espacios
se ocupan. En consecuencia, para ocupar esos espacios entendieron que debían
tener medios populares fuertes y que para construir esos medios fuertes era
necesario profundizar sus vínculos con las instituciones estatales.
“No se puede ser alternativo, es
necesario tener un afán hegemónico”, explica uno de los referentes de la
organización. “Si los medios de la oligarquía tienen ciento cincuenta años (La
Nación fue fundado un 4 de enero de 1870) , los nuestros deben aspirar a lo
mismo”. En la era de la primacía digital, desde la organización plantean que la
complejidad no reside en fundar un medio sino en sostenerlo en el tiempo. Y
señalan que para ello hay dos componentes fundamentales: la organización y el
Estado.
Otra de las profundas diferencias
con algunos de las organizaciones predecesoras tiene que ver con la mirada
sobre el financiamiento. Dentro de la tradición no escrita de muchos medios
alternativos, se evitaba hablar de dinero, de sueldos, de plata. Si el trabajo
en medios populares era militancia, el debate por la renta, su acceso y
distribución, no formaba parte de la cuestión. La RMD surgió con una mirada
contrapuesta: si querían hacer medios que se sostuvieran en el tiempo, si
intentaban dejar la posición de los márgenes para disputar el centro de la
escena, tenían que hablar de plata, como elemento fundamental para sostener su
práctica.
“Una institución de medios de
difusión alternativa (hasta donde lo permiten sus circunstancias) no intenta
aumentar sus ganancias al máximo”, definía Michael Albert (Albert, 1997) a los
medios alternativos. La pregunta es entonces: ¿deben los medios minimizar las
ganancias? ¿Hacer productos que no sean rentables? ¿La rentabilidad condiciona
la práctica o la razón de ser de estos medios es más profunda y tiene que ver
con su asociativismo, su contenido, su horizonte de disputa y su modo de
distribución de los ingresos? Desde la RMD se definen como medios sin fines de
lucro y el afán de enriquecerse no es lo que los moviliza. Sin embargo,
plantean la necesidad de maximizar ingresos y solidificar instituciones para
que la acción mediática y política de los colectivos no sea testimonial.
Si para tener mejores ingresos,
sostener puestos de trabajo, mejorar la calidad de los productos, aumentar la
capacidad de disputa, se ven obligados a incrementar ganancias al máximo,
entonces desde la organización proponen que es moralmente correcto hacerlo. No
es una inferencia de los dirigentes del espacio sino una aplicación de
cualquier método de equilibrio reflexivo o de cualquier estrategia de poder que
ponga en el centro la democratización del escenario mediático. “Con la RMD
dejamos de temerle a hablar de plata, abandonamos el rechazo al capital por sí
mismo y centramos nuestro debate en su redistribución”, agregan los integrantes
consultados. El horizonte está en la generación de más ganancias para
repartirlas de manera democrática entre los trabajadores, para generar medios
más profesionales, para disputar agenda.
Si no son alternativas, ¿qué son
entonces estas organizaciones? Medios digitales, cooperativos y populares. El
primero de los términos de la definición obedece al soporte, al hecho de que se
trata en su mayoría de medios nativos digitales, nacidos o fuertemente
consolidados en internet. El segundo implica una decisión política: desde la
RMD apuestan a la cooperativización de los medios. Ya no son grupos de
compañeros, ni equipos de militantes, ni experiencias de amigos. Cooperativas
de trabajo, con matrícula, inscripción legal, personería jurídica, capacidad de
facturación y cuenta bancaria. La cooperativización es una decisión de fondo:
implica apostar por la democracia y el reparto justo de los ingresos, creer en la construcción de empresas
autogestionadas por sus trabajadores, entender que la profesionalización de las
herramientas es piedra angular del sostenimiento de las mismas. Que si se
pretende que la organización venza al tiempo, entonces es imperante una estructura
acorde a esa organización.
Es por eso que también definieron la
creación de su herramienta legal, la Federación de Medios Digitales, nacida en
2023 y la primera de su tipo en toda Latinoamérica. La Federación implica el
punto de llegada de un proceso de acumulación política que les ha permitido
sentarse a dar estos debates al interior del campo del cooperativismo y la
comunicación. Por lo pronto, ya han logrado algunos avances: el Instituto
Nacional de Economía Social y Asociativismo (INAES) ha reconocido a los medios
populares a través de una Unidad de Vinculación con el sector. La decisión
organizacional del principal ente de las cooperativas es un triunfo político
del sector: hasta hace poco tiempo atrás los medios populares eran encuadrados
dentro de la categoría “cooperativas de cultura”, sin una especificidad propia
del campo.
En palabras de sus protagonistas, la
apuesta de la Red consiste en crecer en una relación simbiótica con el Estado
pero sin dejar de apostar al cooperativismo y la autogestión, apelando a
maximizar ganancias (siempre y cuando estén al servicio de su distribución
democrática y de la apuesta al crecimiento de los proyectos).
En materia de definición política de
sus proyectos, los medios se entienden también como populares. Subyace una
definición política, de clase y de ubicación geopolítica, una decisión que
tiene que ver con el contenido pero también con la caracterización de
adversarios. Es una percepción de medios populares en tanto comprometidos con
una agenda de los sectores menos privilegiados de nuestra sociedad; en la
medida en que buscan amplificar voces de colectivos marginados o segregados; en
tanto visibilizan reclamos de su comunidad y territorio. Vale destacar que
también se caracterizan como populares por la forma de organización íntimamente
vinculada con los trabajadores y los movimientos sociales, y cabe destacar una
característica muy argentina del proceso, en relación con otras latitudes de la
región: la ligazón íntima con el sindicalismo de prensa y los trabajadores
organizados.
“Inserción y
organicidad fueron los
rasgos decisivos de
la politicidad de la
comunicación popular como lugar
de expresión del
conflicto y de
búsquedas de articulaciones
capaces de construir espacios de poder, lugar de expresión de la opresión
y la
subalternidad y de
visibilización y discusión
de ideas, proposiciones, modos organizativos y prácticas tendientes a
revertirlas” (Mata, 2011). La definición de Mata se emparenta estrechamente con
la mirada que promulgan desde la RMD: territorialidad, disputa de poder y
expresión de los murmullos, los discursos subalternos, las voces que quedan por
fuera de los espacios de representación que proponen los medios masivos.
Desde la RMD han apostado a
encuadrar a los medios en tanto organizaciones: representan un espacio gremial
de coordinación sectorial al tiempo que en paralelo impulsan el proceso de
sindicalización de los trabajadores y trabajadoras en todos aquellos sindicatos
que reconocen a quienes se desempeñan en medios populares. Una de las
comisiones de la organización se orienta específicamente a la coordinación con
sindicatos y al proceso de afiliación en los gremios que nos reconocen:
Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Sindicato de Prensa Bonaerense
(SiPreBO) o el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba
(Cispren), entre otros.
Populares por agenda, por conciencia
de clase y también por antagonismo. Si
al decir de Castillo, los medios hegemónicos son aquellas “industrias productoras
de cultura y fenómenos
discursivos ideológicos, que permiten
la imposición y
mantenimiento masivo del discurso
del bloque hegemónico actual”
(Castillo, 2011), los medios populares que constituyen la red también se
definen en base a este clivaje.
Asimismo, y siguiendo con la mirada
teórica propuesta por Mata, a estas organizaciones las hace populares también
el tejido de estrategias y alianzas construidas con otros actores del campo
popular. Ya mencionamos a los sindicatos pero vale agregar a los movimientos
sociales, a las organizaciones del feminismo, a los colectivos ambientalistas,
a los espacios de migrantes, a las madres que luchan contra la violencia
institucional, a las organizaciones que trabajan con gente en situación de
calle. Populares porque se trata de periodismo comprometido, de calle y de
cuerpo, junto a estos actores y actrices.
La caracterización del Estado no es
vana: “sin Estado no hay comunicación popular y sin comunicación popular no hay
democracia”, refrendan los voceros de la Red. En sus menos de cuatro años de
existencia, además del vínculo con INAES, han entablado una estrecha relación
con la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, máximo organismo nacional
encargado de la política de comunicación, desde donde lograron incluir a muchos
medios en la pauta estatal, acceder a subsidios para capacitación y tender estrategias
comunes para impulsar agendas legislativas.
Asimismo, el potencial de la Red ha
irradiado a otros espacios estatales: con la Defensoría del Público,
institución encargada de defender a las audiencias, han articulado proyectos de
investigación sobre el entorno digital y las legislaciones a plataformas
digitales en Argentina, América Latina y el mundo.
Por último, vale destacar que desde
la RMD han sido parte fundamental de una de las articulaciones más importantes
de la historia de la comunicación popular en suelo argentino: la Confederación
de Medios Cooperativos y Comunitarios, un espacio que nuclea al Foro Argentino
de Radios Comunitarias (FARCO), la Federación Asociativa de Diarios y
Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADYCCRA), la
Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CoNTA) y la Asociación de
Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA). Esta experiencia,
digna de otra sistematización, implica la construcción de una plataforma
unitaria, con reivindicaciones comunes y que retoma las problemáticas
sectoriales, con espacios de trabajo colectivos y miradas comunes sobre la
comunicación en el país.
En conclusión, Estado,
cooperativismo, financiamiento, alianzas con el sector y voluntad de poder para
pensar el futuro de la comunicación popular y comunitaria.
Nuevos antagonismos y preguntas sin respuestas
En el escenario novedoso que trajo
aparejado la emergencia y el veloz advenimiento de lo digital, también
surgieron nuevos adversarios: desde la Red no lo ubican ya solamente en Clarín,
con su sede en la calle Piedras, sino que su enemigo es ahora más poderoso y
transnacionalizado. Son las plataformas de redes sociales las que hacen
usufructo del contenido, lo monetizan en dólares (cada click, cada
reproducción, cada like) y se llevan el producto del sudor de los trabajadores
a sus casas matrices en Estados Unidos o China. Son cooperativistas pero aún
así tienen una relación patronal, de extracción de plusvalor, con estas grandes
empresas privadas.
Desde el espacio se proponen
entonces identificar dónde se ubica el capital: en este caso, en las grandes
plataformas como Meta, YouTube o Tiktok. Partiendo de este diagnóstico,
reivindican todos los proyectos de ley que abonan a la imposición de un
gravamen a las plataformas extranjeras que operan en Argentina y cuyo saldo
-proponen- debiera destinarse a un fondo de incentivo a la comunicación
popular, con una mirada democrática y federal.
Es entonces que se abren nuevos
interrogantes y preguntas sin respuesta. Asumimos importante la existencia de un periodismo
local, con mirada comunitaria y base en el territorio. Pero ese abordaje, ¿debe
alejarse de las concepciones holísticas que acertadamente encuentran las
explicaciones a los problemas en causas estructurales y no en las pequeñas
contradicciones secundarias de sus territorios?
¿Podemos pensar mecanismos de
financiamiento que tengan centralidad en el rol del Estado pero que también
apelen a las comunidades y a los privados, sin perecer en el intento?
¿Es posible sostener medios
únicamente con el aporte de sus lectores, tal como pregonan Amuna, Adepa, Meta
y otros de los grandes financistas, filántropos y adversarios de la red en sus
capacitaciones para medios locales?
¿Resulta viable apostar por una
integración latinoamericana en materia de comunicación popular? ¿Hay margen
para que las organizaciones sociales y políticas se apropien de los debates de
comunicación así como enarbolan los de feminismo, ambientalismo o justicia
social?
¿Podemos pensar una nueva ofensiva
en materia comunicacional que se aparte de las rémoras nostálgicas que proponen
“volver a” y se animen a postular nuevos sueños y retomar viejas banderas
adaptadas a los nuevos tiempos? ¿Qué tan imperioso resulta crear nuevas
organizaciones, articulaciones, referencias que puedan romper el estancamiento
del campo comunicacional, terminar con cierto romanticismo y recobrar fuerza
para discutir con molinos de viento cada vez más grandes?
Por último y no menos importante,
¿es lo digital un territorio? André Louis Sanguin define al territorio como
aquel "espacio físico en que se apoyan los procesos políticos". Si
entendemos que internet se sustenta sobre una base material compuesta por
servidores, plataformas y tecnologías de almacenamiento, y que sobre esta base
material se organizan procesos políticos como el de la Red de Medios Digitales,
no cabe dudas de que estamos hablando de la emergencia de un (no tan) nuevo
territorio y como tal, como espacio de expresión de luchas, disputas y pujas
por el poder
"La territorialidad proviene,
en consecuencia, del sentido de la identificación espacial, del sentido de la
exclusividad (dicotomía autóctono-extranjero) y de la compartimentación de
la acción humana en el
espacio". (Sanguin, 1981) Si seguimos este razonamiento y retomamos el
concepto de “nativos digitales” -que tiene que ver con el origen de los medios
en internet y su identificación diferencial con el resto de soportes (radio,
televisión, revistas impresas en papel)- es aún más evidente esta perspectiva.
“Internet es un nuevo terreno de
conquista, al igual que lo son las calles, y lo usaremos para lo que nuestro
criterio propio, o la ausencia del mismo, nos dé a entender: para comprar, para
comunicarnos, para luchar”, señala Arantxa Bravo en sus reflexiones sobre las
disputas en la red de redes. Con un lenguaje propio, códigos compartidos,
límites, soporte material y la división entre un adentro y un afuera, la
discusión ya no es si internet es un territorio, sino qué capacidad existe de
construir ciudadanía allí adentro.
“La comunicación popular debe
disputar a los medios de comunicación hegemónicos lo que me gusta llamar el trazado del mapa de la ciudadanía”, sentencia Mata . Es
en esa dirección donde los nuevos medios populares, ahora en formato digital,
deberán orientar sus disputas en un tiempo nuevo, intenso y vertiginoso: el
tiempo de la primacía digital.
Bibliografía
ALBERT,
M. (1997), "What makes
alternative media alternative?", Z Magazine, http://subsol.c3.hu/subsol_2/contributors3/alberttext.html
BECERRA, M (2016), Restauración: cambios en las políticas de comunicación, Épocas; 2; R. Coviello
BRAVO, A. H. (2014) Territorio internet, ¿nuestro territorio?, España, Ediciones Betiko,
CALIFANO, B. (2018),” La regulación de la comunicación durante el primer año de gobierno de Mauricio Macri en Argentina”, Revista Intersecciones en Comunicación 12, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Ed. UNICEN
CASTILLO, B. T. (2011), Medios Masivos de Comunicación: una construcción de la realidad. Pequén,, vol. 1, no 1, p. 108-119.
DÍAZ BORDENAVE, J. (1982), Democratización de la Comunicación: Teoría y Práctica. Chasqui 01, p. 13-21
ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMOS CULTURALES (2023), Ministerio de Cultura de la Nación y el Sistema de Información Cultural de la Argentina
EXPÓSITO UNDAY, D. y GONZÁLEZ VALERO, J. (2017), “Sistematización de experiencias como método de investigación”, Gaceta Médica Spiritana Vol. 19, No 2, Universidad de Sancti Spiritu, Sancti Spiritu.
FLEISCHMAN, L., GINESTA X. y LÓPEZ CALZADA, M. (2009), Los medios alternativos e internet: un ánalisis cualitativo del sistema mediático español, Andamios vol.6 no.11, Ciudad de México
GRAZIANO, M. (1980), "Para una
definición alternativa de la comunicación", en Anuario ininco, núm. 1.: Universidad Central de Venezuela, pp.
71–74.
Holliday,
Óscar Jara (2012) Sistematización de experiencias, investigación y evaluación:
aproximaciones desde tres ángulos. F (x)= Educación Global Research, vol. 1, p.
56-70.
MATA, M. C. (2011), Comunicación popular: continuidades, transformaciones y desafíos. Oficios terrestres, vol. 1, no 26.
MARTÍN BARBERO, J.; GONZAGA MOTTA, L. (1983) Comunicación popular y los modelos transnacionales. Chasqui, Revista Latinoamericana de Comunicación, vol. 8, p. 4-11.
SANGUIN, A. (1981), Diccionario de
Gi'Ogmfia l'nlítiw, Ediciones Universitarias de Valparaíso (UCV)